El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, ha reclamado este martes al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; la consejera de Educación, Lucía Figar, y al titular de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, que "hagan examen de conciencia" y recontraten al personal que trabaja en centros educativos para niños con necesidades especiales y ha anunciado que llevará el caso a los tribunales.
"Llamo a la conciencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la conciencia del presidente de la Comunidad, a la conciencia de la consejera de Educación y del consejero de Servicios Sociales. Que hagan examen de conciencia", ha reclamado Gómez a los populares tras reunirse por representantes del personal afectado por la no contratación de trabajadores que llevan más de 24 meses trabajando en estos centros y que cifran en 700.
Según ha destacado Gómez, "lo primero que deberían hacer" desde la Comunidad de Madrid es "reunirse con estos profesionales y ponerse en la piel de los padres y los alumnos" con estas necesidades especiales. "Que paralicen cualquier proceso y contraten automáticamente a estos profesionales en sus puestos de trabajo porque ya es hora de hacer las cosas con dignidad y defender la dignidad de la gente", ha remarcado.
Por otra parte, ha avanzado que los socialistas defenderán el tema socialmente; políticamente, en las instituciones en el Parlamento regional y los 179 municipios de la región, así como a los tribunales. En este sentido, ha dicho que "hay precedentes" y que hay una sentencia del Tribunal Supremo (TS) establece que la rotación de profesionales no garantiza los derechos fundamentales. "Si tienes experiencia para atender a los niños que tienen autismo estás sin contrato. Se penaliza tener experiencia", ha denunciado Gómez, quien ha dicho que las razones que llevan a la Comunidad de Madrid a actuar de estas manera son dos: "una ideológica", porque "están acabando con el Estado del Bienestar", y otra, que es "el negocio". "*Es que no hay una décima de conciencia en este Gobierno? *Es que no se ponen ni un segundo en la piel de la gente?", se ha preguntado.
Junto a Gómez han estado representantes de los trabajadores afectados como es el caso de Ana María, quien ha defendido que quieren que estos menores tengan una vida "lo más normalizada posible" y que ha considerado que sin su apoyo, "no va a ser posible".
José García, técnico de integración social en la Comunidad, ha considerado que "la administración debe solucionar los problemas y no poner problemas". "Si esta administración va a incorporar a profesionales sin suficiente cualificación y va a permitir que la continuidad en estos proyectos pedagógicos se vea truncada, estamos ante una situación de insensibilidad administrativa que perjudica al alumnado más débil de la comunidad", ha criticado. Raquel, que es fisioterapeuta, ha dicho que son personal con "amplia experiencia y formación, que es lo que estos niños necesitan". Según ha defendido, para estos menores es "muy importante la estabilidad y continuidad de sus tratamientos".
EL CERMI PIDE DESARROLLAR NORMATIVA
Por su parte, María Dolores Enrique, vicepresidenta del CERMI Madrid, ha considerado que la imposibilidad de que los profesionales sigan en sus puestos de trabajo va a a generar "graves perjuicios" para los menores.
Entre los principales problemas, asegura que se prescinde de personal con experiencia y se contratar a profesionales de baja cualificación. Además, ha criticado la imposibilidad de llevar a cabo una propuesta de educación a largo plazo. "La Comunidad de Madrid no ha desarrollado la normativa nueva que sirve de marco legislativo para alumnado con necesidades especiales. Los integradores sociales son necesarios en todos los colegios de integración social, necesitamos normativa que determine cuáles son los requerimientos para este puesto", ha resaltado la representante del CERMI.
