El presidente del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha reconocido hoy dificultades para aprobar el proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (Lemes), por lo que ha planteado a los rectores un "plan de contingencia alternativo" centrado en la financiación, la calidad y la transparencia. "Los plazos que quedan de tramitación parlamentaria son largos y los tiempos que tenemos son cortos", ha dicho el presidente regional, que ha señalado que la "cercanía de un periodo electoral" puede "complicar la obtención de acuerdos parlamentarios" en torno al proyecto de Ley de universidades.
Garrido ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa tras un encuentro con los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que no han comparecido ante los medios. El "plan de contingencia", en el caso de que esta ley no fuera aprobada, se basa en tres ejes centrados en la "financiación, calidad y transparencia".
En concreto, ha sugerido un plan de financiación estable de 2019 a 2023 con un incremento de entre 18 y 20 % al término de este plazo; la creación de una "Unidad de Transparencia" conjunta, por encima de las ya existentes en cada universidad, y la creación de "sellos de calidad" para impulsar la excelencia.
La aprobación de la Ley de universidades requiere "dos grandes bloques de consensos", el primero con los rectores a los que Garrido ha asegurado que mantendrá un "cauce abierto de entendimiento y colaboración", y el segundo en la Asamblea de Madrid durante la tramitación de la ley que Garrido ha admitido que será "compleja".
El presidente ha propuesto "una norma para fijar orientaciones sobre titulaciones que servirían como criterio para otorgar la autorización autonómica" de las mismas, creando un "Observatorio con participación de la sociedad civil", empresarios y los propios consejos de las universidades para determinar "qué titulaciones y especialidades pueden ser más necesarias" de cara al futuro. Además, el plan incluye la creación de "diferentes sellos de calidad para atraer y retener el talento y garantizar un alto nivel en la labor docente".
Otro de los ejes es la creación de "una Unidad de Transparencia" conjunta, "por encima de las que ya existen" en las propias universidades, y que dependería de la Conferencia de Rectores de las Universidades de Madrid (Cruma) que coordinaría los niveles de control ya existentes, "dentro del propio ámbito de autonomía universitaria".
Para acordar la financiación, se creará con los rectores "un grupo de trabajo" que empezará a reunirse "cuanto antes" para establecer "un marco estable, claro y que permita una planificación rigurosa por los rectores de los recursos de los que van a disponer". Tras subrayar que esta ley es "una de las cuatro o cinco leyes transcendentes" para su Gobierno, Garrido ha dicho que le "gustaría que no fuera aprobada solo por el PP y Ciudadanos, sino con el mayor consenso posible", para lo cual hablará con todos los grupos parlamentarios, aunque "con el PSOE a priori puede ser más fácil llegar a un acuerdo".
Si el Gobierno no logra un mayor consenso, "es mejor coger parte de lo que contiene la ley y redactar una normativa que permita abordar la calidad, la transparencia y la financiación, dejando el cuerpo de la ley para una posterior aprobación", ya que estos bloques están ya insertos en el proyecto de ley y se intentará separar porque "no admiten espera".
"Ninguna circunstancia política debe impedir avanzar en objetivos fundamentales que reclama la sociedad y la propia universidad", ha añadido Garrido.
El presidente ha recalcado el clima de "voluntad de colaboración" y de cordialidad con los rectores, con los que no hay "ninguna inquietud" y sí un gran consenso respecto a la "necesidad urgente de abordar un plan de financiación".
También han coincidido en la conveniencia de "terminar con todo lo que está judicializado" en cuanto a pleitos de las universidades contra la Comunidad de Madrid para reclamar cantidades debidas e impagadas, ya que esta "no debe ser la forma de trabajo". Preguntado sobre la polémica en torno al máster de la expresidenta Cristina Cifuentes y el grado en Derecho del popular Pablo Casado, el presidente ha dicho que no ha abordado estos temas en esta reunión con los rectores.
