La Fiscalía pide más de 250 años de prisión para 34 acusados, entre ellos 19 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, en el denominado caso Guateque, en el que se ha investigado desde 2007 una supuesta trama de corrupción para la agilización de la concesión de licencias municipales en Madrid. La oposición municipal lamentaba hoy que el caso Guateque siga abierto siete años después de ocurridos los hechos.
El Ministerio Fiscal pide la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial a los 34 acusados por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra el patrimonio histórico, prevaricación urbanística y ambiental, falsedad en documento oficial, infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Las penas solicitadas por la Fiscalía para los procesados, que suman más de 250 años de prisión, oscilan entre los 31 años y los diez meses de cárcel.
El caso Guateque se destapó en noviembre de 2007 con la detención de dieciséis funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid.
La Fiscalía describe en su escrito de acusación siete tramas de "tráfico de sobornos y favores" para la agilización de expedientes urbanísticos, con funcionarios del Ayuntamiento de Madrid que "utilizaban sus cargos técnicos como medio para lucrarse".
Según el Ministerio Fiscal, determinadas empresas, profesionales y gestores que tramitaban licencias urbanísticas solicitaban determinadas cantidades de dinero a los promotores para destinarlas ilícitamente a distintos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, destinados en Juntas de distrito, Gerencia de Urbanismo y el Área de Medio Ambiente.
Una de las tramas hace referencia a la actuación de la empresa AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., dedicada a la gestión de toda clase de obras.
Un testigo protegido, que tenía un bar-restaurante en el madrileño distrito de Chamberí, denunció que el acusado Antonio Sanz Escribano le pidió dinero para sobornar al funcionario Victoriano Ceballos Fernández, del Departamento de Evaluación Ambiental, que se enfrenta a una petición fiscal de 14 años de cárcel.
En otro caso, la acusada Carmen Eulalia Ibáñez Martín, técnica de la Gerencia de Urbanismo, hizo un informe negativo sobre una sala de fiestas, por lo que Sanz Escribano y Ceballos Fernández pidieron dinero a la promotora a cambio de un informe favorable.
La acusada Sara López Moreno, funcionaria de la Junta de Distrito de San Blas, aconsejó al propietario de una clínica que contratara los servicios de Sanz Escribano y éste último le abonó a López Moreno una cantidad de dinero para favorecer la marcha del proyecto.
López Moreno también colaboró con Sanz Escribano para agilizar la licencia de instalación de una pizzería en la calle Julián Camarillo a cambio de una contraprestación en dinero.
El acusado Juan Antonio Montesinos, funcionario de la Junta de Distrito de Chamberí, recomendó al promotor de las obras de un restaurante en la calle Julián Romea que contratase a Sanz Escribano, quien pagó una cantidad de dinero a Montesinos para agilizar el expediente.
Una segunda trama gira en torno al gestor Benjamín Valledor Fernández, que sobornó a Ceballos Fernández para agilizar la tramitación de las licencias de dos bares-restaurantes en los distritos de Hortaleza y Fuencarral-El Pardo.
El tercer entramado corresponde a la sociedad AC 93 Proyectos y Obras S.L., la empresa de los acusados Santiago Castillo Morales y Carmelo García Sánchez, que se enfrentan a penas de 21 años de cárcel.
Entre los siete casos que se le atribuyen a esta empresa, figura el intento de obtener un soborno para la tramitación de una licencia de obras de la Clínica Ruber, que se repartirían con el funcionario de la Gerencia de Urbanismo, Fernando Ruiz Monzón.
La Fiscalía pide 7 años de prisión para cuatro directivos de la empresa Seguros Ocaso por contratar a AC 93 Proyectos y Obras S.L. para legalizar el uso para oficinas de dos edificios en las calles Princesa y Tutor.
Con este fin, se pusieron en contacto con el funcionario de la Gerencia de Urbanismo, José Antonio Jodar García, que sustrajo el expediente de las oficinas municipales a cambio de dinero.
La cuarta trama gira en torno a la sociedad Agustino Proyectos e Instalaciones S.L., que lideraba Eduardo Agustino Carrasco, que se enfrenta a 31 años y tres meses de prisión por diecisiete casos de corrupción.
La quinta trama recoge nueve casos relacionados con el trámite de evaluación de impacto ambiental de actividades, en los que está implicado el jefe del Departamento de Evaluación de Impacto Ambiental, Joaquín Fernández de Castro, que se enfrenta a 20 años y seis meses de cárcel.
La sexta trama reúne seis casos del funcionario Victoriano Ceballos Fernández para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas en colaboración con una arquitecta.
La séptima trama incluye tres casos de sobornos a funcionarios municipales, sin la intervención de intermediarios, dos de ellos protagonizados por Ceballos Fernández y el tercero denunciado por la exconcursante del programa Gran Hermano Aida Nízar.
LA OPOSICIÓN LAMENTA EL RETRASO EN LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA
La oposición en el Ayuntamiento de Madrid -PSOE, IU y UPyD- lamenta que el caso Guateque siga abierto siete años después y que el Gobierno de la ciudad no haya dado todavía una solución definitiva al problema en la concesión de licencias municipales que este caso puso de manifiesto a finales de 2007.
Tras siete años, según informa hoy el diario El Mundo, la Fiscalía de Madrid ha formulado ya su escrito de acusación contra 34 personas, 19 de ellas funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, para que se les condene a un total de 250 años de prisión por el denominado caso Guateque.
Preguntado al respecto en la rueda de prensa previa al Pleno de mañana, el portavoz socialista Jaime Lissavetzky, ha destacado que "ha pasado bastante tiempo lo cual da idea de la lentitud de la justicia".
Lissavetzky ha opinado que "cuando hay un problema de presunta corrupción lo que no es bueno es dar un patadón para arriba", que es lo que a su juicio hizo el entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardon, "al crear unos instrumentos que no han dado más seguridad en este ámbito".
El número dos del Grupo Socialista, Diego Cruz, ha criticado que a partir de este caso el Gobierno municipal del PP haya "criminalizado a los funcionarios" y haya cambiado el modelo "solo porque tuvo una avería", que él achaca además a una "falta de control del equipo de gobierno".
Cruz entiende que lo que se ha producido en Madrid en todos estos años es "un cúmulo de nuevas normativas que van cambiando con el tiempo, generando inseguridad jurídica y económica".
El portavoz de IU, Ángel Pérez, ha comentado que con estas informaciones no se acaba de conocer "si se ha terminado la instrucción del caso ni en qué momento está" y ha afirmado que, con la última aprobación de la modificación de la ordenanza de licencias ya existen "tres textos para las licencias en Madrid".
"Nos da verdadero pánico una situación en Madrid con tres textos, 21 juntas municipales, ni sé cuántas eclus y el Gobierno municipal para abrir una tienda de bufandas", ha ironizado Pérez, en declaraciones en otra rueda de prensa.
Por su parte, el portavoz de UPyD, David Ortega, se ha mostrado preocupado como madrileño y como responsable político de que la tutela judicial efectiva reconocida por la Constitución pueda verse afectada por un proceso que dura ya siete años.
Ortega ha considerado "inaceptable e inasumible" que el procedimiento esté aún en la fase de conclusiones del ministerio fiscal y ha dicho que eso "perjudica a la propia vida democrática".
También en una rueda de prensa previa al Pleno, David Ortega ha dicho que la gestión de las licencias es una "asignatura pendiente" del Ayuntamiento de Madrid, que a día de hoy cuenta con "dos ordenanzas vivas que se solapan, una que depende del Área de Seguridad y otra de la de Urbanismo".
