El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, ha acordado abrir diligencias de investigación para esclarecer si la conducta desplegada por los controladores aéreos del aeropuerto de Barajas puede ser constitutiva de infracción penal, informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Las mismas fuentes han precisado que la Fiscalía ha comenzado la práctica de una serie de diligencias dirigidas a conocer las circunstancias "en las que se ha producido el abandono masivo del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos así como la identidad de quienes han abandonado su puesto de trabajo".
En declaraciones a la Cadena Ser, Moix, ha precisado que aún no está determinado el tipo de delito que se podría imputar a los controladores, pero ha manifestado que se les podría acusar de un delito de sedición de la Ley Penal y procesal de la Legión Aérea, que es un delito de tráfico aéreo. "Sí podría ser (este tipo de delito) porque castiga a aquellos que abandonan colectivamente sus funciones en el aeropuerto en actitud de protesta o de desobediencia. Es uno de los delitos que se barajan como que posiblemente se hayan cometido", ha apuntado el fiscal jefe de Madrid.
Fuentes fiscales han puntualizado a Europa Press que el delito de sedición del tráfico aéreo, que está recogido en los artículos 20 y 21 de la Ley Penal de Navegación Aérea, contempla una pena de ocho años de prisión si esa acción tiene como objetivo paralizar el tráfico aéreo. No obstante, Moix ha preferido mostrarse cauto y ha insistido en que las diligencias se han abierto para "esclarecer la conducta de los controladores por si hubiera delito". "Una vez que tengamos datos sobre lo que ha ocurrido exactamente, valoraremos si esa conducta, ese abandono que se ha producido del puesto de trabajo, se puede encadenar a alguno de los tipos penales existentes y puede ser efectivamente un delito contra el tráfico aéreo", ha dicho.
Asimismo, ha justificado su decisión de abrir diligencias en el hecho de que la situación que se ha producido en Barajas ha sido "anómala e insólita" hasta el punto de que ha causado "un grave perjuicio al servicio público y a toda la comunidad".
