La Fiscalía de Madrid ha acordado citar a declarar a partir del jueves a todos aquéllos controladores que han abandonado sus puestos de trabajo para valorar si los hechos pudieran ser constitutivos del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea de 1964, ha informado a Europa Press Televisión el Fiscal Provincial de Madrid, Eduardo Esteban.
La citación se enmarca en las diligencias de investigación número 322/10 incoadas este viernes como consecuencia de los hechos ocurridos en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Torrejón de Ardoz a raíz del abandono de sus funciones por parte de los controladores aéreos, alegando falta de adecuación de sus condiciones psico-físicas para el desempeño del cargo.
El Ministerio Público argumenta su posición en la finalidad de averiguar "las causas de dicho abandono, dada la gravedad de los hechos y como consecuencia de los informes iniciales elaborados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".
A la vista del resultado de las diligencias que se han acordado, la Fiscalía de Madrid ha adelantado que adoptará las medidas que estime procedentes con el rigor y la proporcionalidad adecuados a las conductas desplegadas y al gran número de ciudadanos perjudicados en sus derechos.
Una vez decretado el Estado de Alarma, los controladores pasan a ser movilizados, por lo que podrían haber incurrido en un delito de "sedición" previsto en el Código Penal Militar.
SEDICIÓN MILITAR
Este delito viene recogido en el artículo 91 del citado Código en el que se establece "los militares que, mediante concierto expreso o tácito, en número de cuatro o más o que, sin llegar a este número, constituyan al menos la mitad de una fuerza, dotación o tripulación, rehusaren obedecer las órdenes legítimas recibidas, incumplieren los demás deberes del servicio o amenazaren, ofendieren o ultrajaren a un superior, serán castigados con la pena de uno a diez años de prisión, cuando se trate de los meros ejecutores, y con la de dos a quince cuando se trate de los promotores, del cabecilla que se ponga al frente de la sedición y, en todos los casos, si se trata de oficiales o de suboficiales".
"Si los hechos tuvieren lugar en situación de peligro para la seguridad del buque o aeronave, frente a rebeldes o sediciosos, acudiendo a las armas o agrediendo a superior, las penas serán de diez a veinte años de prisión Para los meros ejecutores y de diez a veinticinco para los promotores, el cabecilla y, en todos los casos, para los oficiales y suboficiales", añade el precepto.
"Si le causare la muerte o lesiones al menos graves a un superior, se impondrá la pena de quince a veinticinco años de prisión a los promotores y demás responsables aludidos en el párrafo anterior, y de diez a veinticinco años a los meros ejecutores", agrega.
"Jamás lo hubiéramos hecho voluntariamente, nos obligaron"
"Jamás hubiéramos hecho esto (no trabajar) voluntariamente, nos han obligado", ha dicho hoy Blanca Uriarte, una controladora del aeropuerto de Palma, mientras rompía a llorar y trataba de pedir disculpas a los ciudadanos por lo que admite que ha sido una "barbaridad" a la que les ha empujado el Gobierno.
Uriarte ha relatado a los medios de comunicación presentes hoy en el aeropuerto de Palma la situación de tensión que han vivido ellos en las últimas horas dentro de la torre y del centro de control de Palma donde trabajan, puestos que -ha subrayado- "nadie ha abandonado en ningún momento".
La trabajadora del centro de Palma ha asegurado que el estado emocional en el que están desde ayer los controladores no les permite ejercer sus funciones con garantías y que por ello, ninguno de los controladores quiso asumir la responsabilidad de trabajar en condiciones de "ansiedad", causadas por el decreto del Gobierno.
"Pero ha entrado la Guardia Civil, el Ejército del Aire con pistolas y nos han obligado, en este estado -ha remarcado llorando y aclarando que ella es de las que mejor está- a sentarnos y a separar aviones. Eso ha hecho el gobierno. Ellos han encerrado a toda esta gente", ha denunciado entre lágrimas.
Blanca Uriarte ha recordado que en numerosas ocasiones han pedido a Aena que solucionara un problema que tenían "gordísimo", que no podían trabajar más horas por una ley que el propio Gobierno aprobó en su día, pero en vez de solucionarlo, optaron por lanzar un órdago a los trabajadores.
El Gobierno, en su opinión, aprobó el decreto ayer para dar un golpe de efecto que apartase las miradas de unas medidas "demasiado impopulares", como la retirada de la ayuda a parados de larga duración de 400 euros "tras conocer los peores datos del paro" en España.
Lo que hizo el Gobierno, ha insistido Blanca Uriarte, ha sido ocultar ese problema decretando a los controladores "por cuarta vez" para dejarles "sin todos" sus derechos y "provocar este secuestro".
"Nos han puesto entre la espada y la pared, no nos han dado opción a defendernos, esto es supervivencia", se ha justificado esta controladora ante la prensa, poco después de que el Gobierno decretara el Estado de Alarma.
Uriarte ha indicado que, como ella, todos los controladores empleados en la torre y en el centro de control de Palma se han presentado en el aeropuerto hoy para apoyar a todos los compañeros que "han estado ahí en todo momento".
Respecto al hecho de que se negaran a ejercer sus funciones, aún permaneciendo en su puesto de trabajo, Uriarte ha aclarado que no lo han hecho porque "el estado de ansiedad que hay en el colectivo hace imposible separar aviones ahí arriba, son muchas vidas las que están en juego".
Ha explicado que el decreto aprobado ayer por Aena marca que sus horas de trabajo al año son ilimitadas, por lo que todos los días que un controlador se coja porque tiene una muerte en la familia, tiene un hijo o bien está enfermo, luego son días que debe a la empresa automáticamente.
"Y ante esto quieren que trabajemos. No nos ha dado opción, eso es lo que ha hecho el señor Blanco (ministro de Fomento), nos ha obligado a tirarnos a un precipicio", ha concluido.
