La Fiscalía ha mantenido hoy su petición de ocho años de inhabilitación para los 14 ediles de Torrejón en 2001 acusados de prevaricación, entre ellos la actual "número dos" del PSM, Trinidad Rollán, al entender que cuando votaron a favor de un convenio urbanístico "sabían que era una vulneración de la ley".
Así lo ha expresado el fiscal Carlos Ruiz de Alegría en la última sesión del juicio a los catorce procesados, entre los que se encuentran, además de la entonces alcaldesa del municipio y actual secretaria de Organización del PSM, la diputada socialista en la Asamblea madrileña, Esperanza Rozas.
Ha considerado que "la realidad" es que todos los ediles tuvieron acceso el 23 de noviembre al informe del secretario en el que advertía de la "ilegalidad" del convenio dos días hábiles antes de ser aprobado en el pleno del día 26 con los votos favorables de los diez concejales del PSOE y los cuatro del Partido Demócrata Español (PADE) que ahora se sientan en el banquillo de los acusados.
"Sabían que su voto implicaba una vulneración de la ley", ha destacado el fiscal antes de insistir en que las advertencias del secretario fueron respetadas por el PP, que se abstuvo, y de IU y Unidad Ciudadana, que votaron en contra del acuerdo, que fue suscrito en septiembre de 2001 por el edil de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, y la entidad Patrimonios Siglo XXI.
De esta forma, el representante del Ministerio Público ha rechazado los testimonios de los acusados, que aseguraron no conocer el citado informe antes del plenario, y ha aludido al acta de la sesión de aquel día, que de forma "muy ilustrativa" revela cómo el "punto de atención" en el debate fue precisamente la posible ilegalidad del acuerdo.
A todo ello ha añadido que el convenio, que implicaba que Patrimonios Siglo XXI "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento" en una unidad denominada "Mancha Amarilla" en el Plan General de Ordenación Urbana, por un monto económico previsto de 539.291.000 de pesetas (3.241.204 euros), fue anulado por una sentencia de la sección primera de la sala de lo contencioso del TSJM.
"Y en caso de que el convenio resultara beneficioso, no podemos decir si fue la opción más beneficiosa, ya que si se hubiera celebrado una subasta podrían haber habido ofertas más beneficiosas", ha recalcado Ruiz de Alegría.
Por su parte, el letrado de Rozas, Wilfredo Jurado, ha pedido la absolución de su defendida porque, en su opinión, "es imposible" cometer un delito de prevaricación cuando su decisión estuvo apoyada en el informe jurídico favorable de la abogada de Urbanismo.
Mientras, Antonio González, que representa a Rollán, ha criticado que la sala de lo civil y penal del TSJM, presidida por el magistrado Francisco Javier Vieira, incorporara "de oficio" el acta del plenario para "valorarla en su conjunto" y ha instado al tribunal a no interpretarla en su sentencia como prueba incriminatoria porque, de lo contrario, se produciría la "nulidad absoluta" del procedimiento.
En la misma línea se ha expresado el abogado de Martín Rojas Alberto Jabonero, que ha apuntado que el "Ministerio Público se ha delatado" al mencionar el acta como elemento incriminatorio y ha pedido a la sala que en su sentencia deduzca testimonio por un delito de falso testimonio a Fernando del Río, el ex edil socialista que interpuso la denuncia contra el ex concejal de Urbanismo por presuntas irregularidades urbanísticas.
