El sucesor de Granados en el Ayuntamiento de Valdemoro confiesa la corrupción de Púnica
- El exalcalde valdemoreño José Miguel Moreno ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía
- Se ha iniciado este lunes el segundo juicio del caso que sienta en el banquillo a otros trece acusados
El alcalde de Valdemoro (Madrid) entre 2003 y 2011, José Miguel Moreno, que sustituyó en este cargo a Francisco Granados, también exconsejero de la Comunidad de Madrid, ha decidido reconocer la corrupción relacionada con el PP investigada en el caso Púnica en el juicio en el que son juzgados junto a otros doce acusados.
La Audiencia Nacional ha iniciado este lunes el segundo juicio del caso Púnica en el que Granados se sienta en el banquillo después de que fuera condenado en el primero a dos años de prisión por servirse de un chivatazo que le dio un guardia civil sobre la investigación policial de esta trama corrupta.
Dos de los catorce acusados han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para ver rebajada la petición de pena contra ellos a cambio de confesar los hechos, el citado José Miguel Moreno y el exconcejal de Festejos de Moraleja de Enmedio (Madrid) Ricardo Godino, según han informado sus abogados en esta primera jornada de la vista dedicada a las cuestiones previas.
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El juicio que ha comenzado este lunes se centra en la presunta contratación irregular de empresas vinculadas a la trama para la organización de festejos de municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013.
La Fiscalía Anticorrupción pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión para Granados por delitos de prevaricación administrativa y fraude en la contratación.
Además de Granados, Moreno y Godino en el banquillo se sientan otros once acusados, entre ellos el exsenador y exdiputado en la Asamblea de Madrid David Erguido, por su etapa como teniente de alcalde de Algete, y otros exalcaldes de municipios madrileños.
En concreto el sucesor de Moreno, José Carlos Boza, que fue alcalde de Valdemoro entre 2011 y 2014 (recientemente absuelto en otra pieza de Púnica) y los regidores de Ciempozuelos, María Ángeles Herrera; Móstoles, Esteban Parro -también exsenador- y Daniel Ortiz, y de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. Los dos últimos fueron condenados recientemente por otra rama del caso.
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La Fiscalía pide para ellos en sus conclusiones provisionales entre dos y cuatro años de cárcel, salvo en el caso de Ortiz, para quien solicita inhabilitación de ocho años.
La fiscal ha adelantado en la vista que es posible que en el trámite de conclusiones definitivas acuse "también por delito de malversación o incluso por cohecho".
El abogado de Granados ha alegado que se está acusando a su defendido por hechos de Valdemoro ocurridos cuando él ya dejó la alcaldía y en todo casi ha estimado que debe suspenderse el juicio por falta de competencia de la Audiencia Nacional para que en su caso se juzgue la causa en la Provincial de Madrid.
Igualmente ha manifestado incongruencia de las acusaciones al atribuirle hechos nuevos de los que no fue interrogado en la fase de instrucción y ha considerado que debe apreciarse la prescripción de delitos por el tiempo transcurrido.
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La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito de acusación que la "posición" de Granados dentro del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid -se le llegó a considerar número dos de la entonces presidenta autonómica, Esperanza Aguirre- le permitía tener una "prevalencia y superioridad bien directa o bien por influencias en otras autoridades y funcionarios".
Añade que tal posición fue utilizada por el mismo para favorecer al empresario ya fallecido José Luis Huerta, amigo suyo, ante posibles contrataciones que dependían de la Comunidad de Madrid.
La fiscal indica que Huerta facturó a través de sus empresas al Ayuntamiento de Valdemoro cerca de nueve millones de euros entre 2004 y 2013 periodo durante el cual Granados era presidente del PP de este municipio, del que había sido alcalde entre 1999 y 2003.
Añade que la relación de amistad que se inició entre Huerta y Ganados prosiguió tras la marcha de este en 2003 a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid con el nuevo alcalde, José Miguel Moreno Torres.
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La Fiscalía explica que este decidió que el Ayuntamiento siguiese contratando a Huerta al contar con el apoyo de Granados para lo cual "se siguió una compleja red de expedientes y procedimientos administrativos cuyo único objeto era el de dar una sensación de formalidad y minimizar cualquier sospecha de irregularidad".
"Al tiempo existía una negociación extraoficial solo conocida en sus últimos aspectos por Moreno y Huerta para la celebración de actos para el PP de Valdemoro que sin embargo el empresario nunca facturó a nombre del Partido Popular pues la forma de cobro pactada era de los beneficios de futuras adjudicaciones o mediante facturación inflada en festejos al propio ayuntamiento", agrega.
Relatan que "así fue hasta que desavenencias entre ellos llevaron a que Granados convenciese a un amigo de la niñez, José Carlos Boza, para que se presentase a alcalde de Valdemoro pese a que residía en Ciempozuelos, de donde era concejal".
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"Una vez que Boza aceptó, Granados, que ya era secretario general del PP de Madrid, convenció al órgano interno electoral", abunda la fiscal.
Según detalla la Fiscalía respecto al Ayuntamiento de Móstoles la facturación global de las empresas de Huerta entre 2007 y 2012 superó los dos millones de euros, en el de Ciempozuelos fue de 1.247.644 euros, en Moraleja de Enmedio algo más de medio millón y en Algete casi dos millones entre 2007 y 2014.
