El juez del 'caso Mascarillas' procesa a Medina y Luceño por estafa al Ayuntamiento de Madrid
- Luceño y Medina se habrían embolsado comisiones de 6,9 millones de dólares por la venta de mascarillas, guantes y test al Consistorio
El juez Adolfo Carretero, que instruye el denominado 'caso Mascarillas' ha decidido procesar a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en plena pandemia por coronavirus.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica asimismo que Luceño se enfrenta a los delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal. Sin embargo, ninguno de los dos será procesado por delito de blanqueo de capitales, ya que los acusados "no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo".
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha eludido este lunes entrar a valorar el procesamiento de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en el denominado 'caso Mascarillas' hasta no poder estudiar la argumentación del juez pero, en cualquier caso, ha incidido en que lo importante es que el uso de dinero público "no está en entredicho".
El juez imputa a Luceño por falsedad documental
"Hay que recordar que quien nos está procesados es el Ayuntamiento y eso es importante que se tenga en cuenta. Y creo que es lo más importante, que el dinero público al fin y al cabo no está en entredicho", ha defendido la número dos del Consistorio de la capital en declaraciones a 'Onda Cero', recogidas por Europa Press. "Pero yo sinceramente lo que quiero es que paguen por cada uno de los euros que se hayan podido llevar de más y que sean devuelto al Ayuntamiento, para nosotros poder devolverse a los madrileños", ha insistido Villacís, que ha declinado entrar a valorar la decisión judicial hasta leer, estudiar y conocer la decisión del magistrado.
Según la investigación, Luceño y Medina se habrían embolsado comisiones de 6,9 millones de dólares por la venta de mascarillas, guantes y test al Consistorio, que pagó 11,9 millones por este material, que, en algunos casos, resultó no ser de la calidad prometida.
