El exalcalde de Hoyo niega haber prevaricado en una operación urbanistica

El exalcalde de Hoyo de Manzanares José Ramón Regueiras (PP) niega haber prevaricado en la tramitación para la concesión de una licencia para la segregación de una parcela para construir viviendas al lado de la Universidad Antonio de Nebrija.

Regueiras y siete exediles de su anterior equipo de Gobierno se han sentado en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación urbanística.

También están acusados una aparejadora municipal y el exletrado asesor del Consistorio por el proyecto urbanístico objeto del procedimiento judicial.

Los acusados declararán el próximo miércoles y el juicio se alargará durante toda la semana. El exregidor negará durante su comparecencia el delito que se le imputan.

118 VIVIENDAS

En la primera sesión ha testificado el técnico municipal que redactó y propuso el proyecto de segregación de la parcela aportando las soluciones urbanísticas para que el plan fuera viable dentro de la normativa urbanística.

En las cuestiones previas, las defensas han denunciado la vulneración de derechos fundamentales como la indefensión respecto a cuatro exediles al asegurar que no participaron en la concesión de la licencia, por lo que su letrada ha reclamado que se les excluya del juicio.

La causa guarda relación con el plan urbanístico para construir 118 viviendas en el entorno de la urbanización La Berzosa, en Hoyo de Manzanares, donde se ubica la Universidad Antonio de Nebrija.

Los hechos fueron denunciados por el Ministerio Fiscal en 2017 y Ecologistas en Acción se personó en la causa en 2019 como acusación popular, al sostener que el propio Registro de la Propiedad suspendió la inscripción de alguna de las parcelas por observar una acción contraria a derecho de la promotora urbanística.

LA PARCELA S-49

La promotora Universitas Nebrissensis S.A. sentó el proyecto urbanístico referido ante la administración local, pretendiendo segregar 849 metros cuadrados de la finca matriz y urbanizable, para cederla al Ayuntamiento con la intención de que se acometiera un vial de conexión directa con la autovía A-6.

De esta forma, construyendo un acceso rodado directo, se conseguía presuntamente una revalorización de las viviendas, aspecto que podría contravenir la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y la normativa de planeamiento del propio municipio, pues requiere una extensión mínima para reparcelar de 2.000 metros cuadrados.

El caso fue archivado por el juzgado pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura al estimar un recurso de apelación de Ecologistas en Acción.

Tras ello, el juez consideró que existían indicios racionales para estimar que el citado proyecto quedaba fuera de la ordenación urbanística vigente y que, pese a ello, se presentaron informes favorables a la aprobación, algo que sucedió en 2014 por la Junta de Gobierno conformada entonces.

En su escrito, el fiscal sostiene que no ha quedado acreditado a lo largo de la instrucción la existencia de un acuerdo coral entre todos los implicados: particular, técnicos y concejales.

"Deduciéndose este dato exclusivamente del hecho de que la construcción de ese vial también beneficiaria a la Universidad de Nebrija en tanto que propietaria de la parcela S-49, orillando o silenciando el beneficio que para el resto de vecinos supondría su ejecución, por más que la solución urbanística buscada no fuese la más adecuada como así se ha resultado", agrega.

En su día, Ramón Regueiras indicó que el expediente sobre estos viales comenzó en 2001, mucho antes de que él o cualquier otro miembro del equipo de gobierno estuviese en el Ayuntamiento.

Con respecto a los terrenos, explicó que pertenecen a la Universidad y que, como recoge la sentencia anterior desestimatoria de la denuncia, el Ayuntamiento solamente debía aprobar los accesos hasta las 118 viviendas y promover un vial con la finalidad de evitar atascos en la citada universidad.