El doctor que denunció la "manipulación" de listas de espera se querella contra Matute por "hostigamiento"

El doctor Luis Martos, cirujano del Hospital Ramón y Cajal que denunció la modificación de la prioridad de 57 pacientes en las listas de espera quirúrgicas del centro, emprenderá acciones legales con el apoyo del sindicato AMYTS contra la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, por "el hostigamiento" que asegura haber sufrido tras denunciar la supuesta alteración de las listas de espera.

Así lo ha trasladado este jueves durante una concentración de apoyo celebrada a las puertas del hospital madrileño, donde ha anunciado la interposición de una querella al ser "víctima de una serie de acusaciones" que espera que "la justicia la resuelva de la misma manera que ha resuelto todo hasta ahora".

"Creo que los médicos, los especialistas y las personas que trabajamos en sanidad tenemos una responsabilidad que no podemos ni eludir ni delegar", ha defendido, recordando que las leyes democráticas les reconocen "una independencia profesional y una autonomía médica y clínica" que, a su juicio, permite "denunciar a los gestores que lo hacen mal y al sistema cuando funciona mal".

En cuando a la querella, el cirujano ha precisado que las acciones legales serán "tanto desde el punto de vista penal como civil" y que la primera de ellas se dirigirá contra la consejera de Sanidad.

Preguntado por los motivos de la acción penal, ha hecho referencia a unas declaraciones de la consejera en las que se le acusaba de haber modificado 57 historias clínicas y de haber cambiado pacientes de una categoría preferente a normal para, supuestamente, "trabajar menos".

"Eso es intolerable desde todos los puntos de vista", ha afirmado. A su juicio, estas afirmaciones se realizaron "sin pruebas" y ha distinguido entre las declaraciones realizadas en sede parlamentaria y las publicaciones posteriores."Todos sabemos la inmunidad de la que disfrutan ellos en sede parlamentaria", ha señalado.

"Este no es un problema político, esto es un problema laboral, un problema de responsabilidad ciudadana y, por lo tanto, hay que llevarlo por los cauces laborales. Yo tengo que ir con mi sindicato", ha defendido.

Seguidamente, ha explicado que, aunque tuvo la posibilidad de recurrir a abogados particulares, decidió no hacerlo para evitar una posible politización del asunto. "He entendido que ese no era el camino, porque se iba a politizar. Iban a decir que si yo era de un lado o de otro. Y yo no soy de ningún lado", ha recalcado.