El Supremo tumba el decreto que endurecía la creación de universidades privadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que acatan el fallo del Tribunal Supremo que anula el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Consejo de Ministros, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.

No obstante, Sánchez ha avisado de que no se cruzan "de brazos" y ya están trabajando "en una nueva norma para evitar que la universidad se convierta en un negocio".

"La universidad pública está bajo asedio y la proliferación descontrolada de universidades privadas daña la calidad de nuestro sistema y perjudica la igualdad de oportunidades. La educación superior necesita una regulación que la proteja y dé más recursos de las administraciones competentes", ha señalado el presidente del Gobierno en una publicación en la red social X.

El Tribunal Supremo ha anulado el real decreto de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios aprobado por el Gobierno, que endurecía la creación de universidades privadas, por falta de justificación para su tramitación urgente.

El tribunal concluye que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.

"Estudiantes o clientes"

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha rechazado la decisión del Tribunal Supremo.

Para CREUP, esta norma "llegaba tarde", pero era "absolutamente necesaria" en el contexto actual "en el que las universidades privadas están creciendo a un ritmo acelerado y en el que cada vez son más las instituciones que aspiran a incorporarse al sistema universitario sin garantías suficientes sobre su calidad, solvencia o capacidad".

El estudiantado considera "legítimo preguntarse qué intereses pueden existir detrás de una decisión que deja nuevamente al sistema universitario sin una regulación necesaria, y si estos intereses responden exclusivamente a criterios jurídicos o si existen otras consecuencias e intereses que deban ser explicados".

Ha advertido, asimismo, de que la universidad "no puede convertirse en un espacio en el que la lógica económica prevalezca sobre la calidad académica".

La educación superior no puede reducirse a una actividad económica en la que los títulos se conviertan en productos y el estudiantado, en meros clientes.