El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento de Madrid por La Ingobernable
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación que presentó el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de 5 de junio de 2020 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que daba la razón a los ocupantes del edificio conocido como La Ingobernable y que estimaba su recurso, en el que consideraban que el Consistorio no tenía legitimidad para ejecutar ni iniciar el proceso de desalojo que se produjo el 13 de noviembre de 2019.
En la resolución firme del Tribunal Supremo del 6 de abril de 2022, a la que ha tenido acceso Efe, se “inadmite” la casación del Ayuntamiento madrileño “por falta de fundamentación suficiente” y por “carencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia”.
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Desde la asociación ODS Ingobernable han destacado en un comunicado que los jueces “reconocen” que el Ayuntamiento de Almeida “actuó fuera de la legalidad” para expulsar al colectivo que ocupaba el edificio de la calle Gobernador 39 de la capital y añaden que la sentencia ante la que no se ha admitido la casación “implica la constatación de que se produjeron daños irreparables al desalojar La Ingobernable, dejando la puerta abierta a la indemnización por esos daños”.
Ante el rechazo de la casación, Alberto Martínez, representante de La Ingobernable, ha expresado en un comunicado que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, “desalojó la Ingobernable porque era una de sus promesas de campaña”, mientras que “la administración tenía que esperar una sentencia del TSJM que les iba a impedir desalojar el proyecto”.
En este sentido, Martínez ha añadido que aquí se ha visto “cómo los intereses partidistas están por encima de la legalidad, las garantías del derecho y el bien común”.
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El colectivo lamenta que el edificio sigue vacío dos años y medio después del desalojo y explica que entienden que el TSJM da la posibilidad a La Ingobernable de investigar cómo se podrían paliar los daños irreparables por la vía, por ejemplo, de una reclamación patrimonial.
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De esta forma, desde La Ingobernable apuntan a “las grandes pérdidas” que supuso el desalojo del edificio, ya que en el momento del desalojo desarrollaban en el interior del edificio doscientas actividades mensuales y habían pasado por él 130.000 personas en dos años de vida
