El Gobierno ha declarado como Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del cementerio del este de Madrid, actualmente conocido como cementerio de La Almudena, donde la dictadura de Francisco Franco asesinó a casi 3.000 personas tras el fin de la Guerra Civil en 1939.
Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este jueves, que recuerda que en la tapia de La Almudena se produjo "uno de los episodios más oscuros de la represión franquista" y que hoy en día es un "símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad".
El camposanto "fue testigo" de una etapa de enorme "violencia y represión" tras la victoria del bando sublevado liderado por Francisco Franco, cuando se desató "una persecución sistemática" contra aquellos que habían apoyado la República o que eran considerados opositores al nuevo régimen.
Se calcula que durante la etapa comprendida entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas en este lugar 2. 936 personas de numerosas localidades españolas. Al menos 44 fueron ejecutadas a garrote vil y otras muchas fueron fusiladas en la tapia sur de la necrópolis. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio.
Entre las víctimas se cuentan 80 mujeres, entre ellas las conocidas como 'Las trece rosas', fusiladas el 5 de agosto de 1939, se lee en el BOE. Los fusilados eran en su mayoría hombres y mujeres que habían sido militantes de partidos de izquierda, sindicalistas, intelectuales, y republicanos que se oponían a la dictadura, muchos de los cuales habían sido juzgados en procesos militares "sin las debidas garantías legales".
Este lugar de represión se mantuvo hasta la inauguración de la nueva prisión de Carabanchel en junio de 1944, convirtiéndose entonces dicha instalación en nuevo lugar de fusilamientos por parte del régimen franquista.
GARANTIZAR SU SEÑALIZACIÓN Y PERDURABILIDAD
Al margen de la existencia de elementos ya instalados allí de carácter memorialista, la tapia sigue siendo "un escenario silencioso pero atroz de la violencia política", además de un "símbolo del uso del terror por parte del régimen franquista para consolidar su poder", según explica el acuerdo.
A partir de esta declaración, se deberá garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada de esta tapia titularidad del Ayuntamiento de Madrid. Además, tras su colocación, quedará prohibida "la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo y reconocimiento de hechos representativos de la memoria democrática".