Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro presuntos estafadores, dos varones y dos mujeres, que "usurpaban la identidad de un abogado y una fiscal para hacerse pasar por letrados del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA)" y "ofrecían falsas adjudicaciones de pisos de protección oficial en Madrid.
Centraban sus engaños entre los vecinos del madrileño barrio de La Ventilla y era tal el grado de confianza generado que incluso les contrataban para otros asuntos personales. Los ahora arrestados entregaban falsos contratos con sellos que supuestamente eran oficiales. Las víctimas aportaban a cambio hasta 1.500 euros en calidad de depósito.
La investigación comenzó hace varios meses cuando se tuvo conocimiento a través de numerosas denuncias de la existencia de un grupo de estafadores, que se ofrecían para gestionar la asignación de pisos de protección oficial. Solicitaban a sus víctimas una cantidad de dinero en concepto de depósito que oscilaba entre mil y mil quinientos euros a cambio de actuar como tesoreros, secretarios o ayudantes.
Las propias víctimas, antes de conocer el fraude, ponían en contacto a los detenidos con otros vecinos, con lo que el número de estafas fue aumentando. Los arrestados se ganaron la confianza de algunos de ellos, que incluso los contrataban para que los representasen en procedimiento judiciales que tenían abiertos. Además, les exigían diferentes cantidades de dinero en calidad de provisión de fondos.
Una vez que los investigadores lograron identificar a los estafadores, se procedió a su detención. El arresto de dos de ellos, Luís Miguel G.P. y María Aranzazu P.R., se produjo cuando circulaban en un vehículo del que se habían apropiado, propiedad de una de las víctimas, la cual se lo había entregado como fianza para sufragar los gastos.
En el registro del automóvil se intervinieron 2.785 euros en efectivo. Días después, los agentes consiguieron localizar y detener a los otros dos integrantes del grupo de farsantes, Ana Belén M. M. y Santiago G. O.
A todos los arrestados se les imputan los delitos de estafa, usurpación del estado civil, intrusismo profesional, organización criminal, amenazas, falsificación de documento público y apropiación indebida.
La investigación ha sido llevada a cabo por el grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Tetuán, perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
