Un total de 27 familias han sido desalojadas de las viviendas denominadas las 'casas rojas' de Majadahonda, donde se han vivido momentos de tensión por la negativa de algunos inquilinos a abandonar los inmuebles. Cabe recordar que esta acción ha sido decidida por los Juzgados 4 y 5 de Majadahonda a petición de la empresa propietaria de los inmuebles que llevaban ocho años ocupados por estas familias en las que hay 20 menores.
El abogado de los desalojados, José Manuel Barroso, ha confirmado tras la acción llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil, de la Policía Local y por la Unidad de Antidisturbios que se han vivido "momentos tensos". Barroso ha apelado a los servicios públicos para que den una "salida habitacional" a estas personas que han entrado en las viviendas por una situación de "necesidad" y con el permiso del propietario.
En este sentido, ha explicado que los herederos del dueño del inmueble y el Ayuntamiento pidieron esta ejecución judicial a pesar de la deuda de "600.000 más intereses que alcanza el millón" que tiene el constructor con el Consistorio. "Han sido momentos tensos cuando los antidisturbios han entrado con escudos, gente de STOPDeshaucios no querían salir y he tenido que entrar a dialogar con ellos", ha añadido.
"Es una situación triste; llevamos siete años en una lucha judicial con lanzamientos que se han suspendido. Ahora nos queda una situación de vacío. De cara a la galería los servicios sociales dan dos semanas a las familias con menores en un hostal", ha relatado. En total el operativo superó los 70 efectivos de los cuerpos de seguridad y los inquilinos han contado con el apoyo de numerosos miembros de Izquierda Unida y Podemos.
El diputado regional de Podemos, Marcos Candela, ha explicado que se ha producido una "vulneración grave" ya que se ha llevado el proceso sin una "alternativa ocupacional" para los inquilinos.
Asimismo, ha recalcado que la Comisión Judicial ha llegado al desalojo con pasamontañas y han comenzado a ejecutar las acciones sin la presencia del abogado de los ocupantes. "Se nos ha negado el acceso por parte del despliegue policial y seguramente pongamos una denuncia de los hechos", ha añadido.
Otro de los presentes, el portavoz de IU en Majadahonda, Juancho Santana, ha explicado que varios concejales de la localidad han acudido al juzgado esta mañana para "intentar negociar una moratoria". "Los recursos son insuficientes para las familias", ha subrayado.
Tras abandonar el piso donde ha vivido durante los últimos cuatro años, uno de los ocupantes, Miguel, de 40 años, con un hijo de tres meses, ha explicado que no tienen ningún sitio para dormir y que no les han dicho dónde pasarán hoy la noche.
El ocupante asegura que tiene un contrato de 10 horas semanales de trabajo lo que le imposibilita el acceso a otra vivienda. "Pedimos trabajo al Ayuntamiento y ayudas pero se negaron", ha explicado a los medios. El Ayuntamiento ha instalado una carpa en un parque delante de las viviendas de los Servicios Sociales para ofrecer información a los desalojados y ofrecer soluciones a las familias que tienen menores a su cargo.
Fuentes municipales han confirmado a Efe que también se asesorará al resto de inquilinos, que no tengan familias, en las ayudas correspondientes de las que puedan disponer.