La Guardia Civil ha ejecutado el desahucio de una mujer con dos hijos menores a su cargo -de uno y cinco años- de una vivienda de la Agencia de la Vivienda Social (AVS), a pesar de que decenas de personas movilizadas por la plataforma Stop Desahucios han tratado de impedirlo.
Desde Stop Desahucios, que lograron paralizar el 1 de julio pasado un primer intento de desalojo, han solicitado, sin éxito, un nuevo aplazamiento del lanzamiento, hasta septiembre, dado que aseguran que la mujer, Rhimo, no cuenta actualmente con una alternativa habitacional.
La portavoz de Stop Desahucios Móstoles, Toñi Vázquez, ha señalado que, pese a que han solicitado la suspensión de este desalojo como medida cautelar, "la Comunidad de Madrid, que era quien podía frenar el desahucio, al controlar la AVS, se ha negado a hacerlo dejando a una madre y a sus hijos en la calle".
Vázquez ha explicado que Rhimo reside en dicha vivienda desde hace varios años, pero que fue "engañada por su marido", quien "la abandonó hace un año con sus dos hijos, solicitándole el divorcio poco tiempo después y "desentendiéndose por completo de los niños".
La portavoz de la plataforma asegura que ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Arroyomolinos le han facilitado "ninguna alternativa de vivienda adecuada", algo que asegura va "en contra de los Derechos Humanos apuntados en las resoluciones de las Naciones Unidas al Estado Español".
Vivienda okupada
Sin embargo, fuentes municipales han señalado que desde los Servicios Sociales se le ha llegado a ofrecer a esta mujer hasta ocho alternativas habitacionales diferentes, la última de ellas el domingo pasado, cuando se le ofreció una plaza gratuita en una casa materna, para cuatro meses, que la mujer rechazó.
Además, desde el consistorio aseguran que esta mujer ha contado apoyo psicológico y valoración profesional de su situación, y la de sus hijos, que ha recibido ayudas a la emergencia social en los últimos meses y que, durante la pandemia, también ha recibido ayudas extraordinarias y apoyo para la maternidad.
"Se trata de una vivienda pública que estaba okupada de manera ilegal desde 2016 y que debería estar disponible para las familias en situación de vulnerabilidad que corresponda", añaden estas fuentes, que instan a la mujer a "solicitar una vivienda social, en igualdad de condiciones, junto al resto de solicitantes".
