Decenas de personas se concentran en San Blas para intentar frenar un desahucio

Unas setenta personas se han concentrado este jueves en el distrito de San Blas-Canillejas en Madrid para intentar frenar el desahucio de una familia, compuesta por Tamara, su marido y sus tres hijos menores de edad, de un local de la Agencia de Vivienda Social (AVS).

La movilización tiene lugar un día después de la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desalojada de su casa el pasado 23 de septiembre en Madrid, tras permanecer dos semanas hospitalizada.

El Sindicato de San Blas-Canillejas, que ha convocado la concentración con el lema "Tamara y su familia se quedan", ha denunciado que "la Agencia de Vivienda Social, una institución pública que debería asegurar el derecho a la vivienda, va a dejarles en la calle, a pesar de su situación de vulnerabilidad".

A la concentración, han acudido algunas personas procedentes de la acampada de la Puerta del Sol por el derecho a la vivienda.

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, plaza número 32, ha ordenado el desahucio de esta familia, que vive desde hace doce años en un espacio comercial adaptado como vivienda, ubicado en la calle Lenceros, 14.

Discapacidad

Uno de los menores tiene un grado II de dependencia y discapacidad, mientras que otra de las niñas sufre de epilepsia y permanece a la espera de una evaluación especializada sobre su grado de minusvalía. Los tres niños están escolarizados en un colegio de la zona.

Se trata del segundo intento de lanzamiento, tras una primera orden de desalojo fijada el pasado 22 de septiembre, que fue aplazada gracias a la movilización vecinal.

La semana pasada se recibió la notificación judicial que señaló la ejecución del desahucio para este jueves a las 09:30 horas.

En estos momentos, Tamara se encuentra sola en el inmueble mientras los niños están en la casa de su hermana, "bastante afectados", según ha informado esta mañana el Sindicato de San Blas-Canillejas.

La organización sindical ha alertado de la ausencia de una alternativa habitacional para proteger a esta familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

"Nosotras no tenemos ningún papel que nos garantice que nuestra compañera tendrá una solución habitacional para poder vivir con sus hijos, que además tienen necesidades especiales, por lo que es fundamental que la familia permanezca unida", ha explicado una portavoz de la organización sindical.

Albergue temporal

Desde el sindicato han criticado que la única respuesta de las Administraciones autonómica y local tras la expulsión sea el Samur Social que previsiblemente les ofrecerá un albergue temporal.

La portavoz sindical ha enfatizado que "en el caso de Tamara, una solución habitacional en la que tenga que estar separada de sus hijos o de su marido no es una alternativa real porque sus hijos necesitan estar cerca de su centro escolar".

Fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid han indicado que se trata de una ocupación ilegal, denunciada judicialmente a través de un procedimiento contencioso-administrativo, por lo que en ningún caso estaría amparado por los decretos de vivienda, incluso si hubieran sido convalidados por el Congreso de los Diputados.

Además, como es habitual en este tipo de procesos, la Agencia de Vivienda Social da trasladado a los servicios sociales del municipio, con antelación suficiente para que valoren las respuestas asistenciales y ofrezcan alternativas habitacionales a esta familia, además de ser convocados para el día del desalojo.

Si el Consistorio no dispone de una vivienda pública, se activan otras ayudas como la cobertura del coste de un alojamiento temporal.

La Administración regional ha mostrado su respeto por las resoluciones judiciales y ha recalcado que debe velar por los intereses de las familias que necesitan una vivienda pública y cumplen con los cauces legales para tener derecho a una vivienda pública.