El exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Daniel Ortiz declaró este martes ante el juez que investiga el `caso Púnicaï, Eloy Velasco, que la adjudicación de un contrato de 73 millones de euros a la multinacional Cofely cuando era alcalde de Móstoles se ajustó en todo momento a la legalidad y negó haber cobrado a cambio una mordida de 746.000 euros.
Ortiz llegó esta mañana a la sede de la Audiencia Nacional, donde estaba citado a declarar como investigado (antigua figura de imputado) a las 10.00 horas. Acudió acompañado de su abogado y respondió a las preguntas que se le formularon durante algo más de una hora.
Fuentes jurídicas, aseguraron que Ortiz ha rechazado las acusaciones de haber amañado el citado contrato y ha defendido su inocencia. Tras la declaración, salió a pié de la sede de la Audiencia y se negó a hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban a la puerta.
Insistió al magistrado en que el contrato y todo el proceso de adjudicación del mismo a la empresa vinculada a la trama Púnica se ajustó a los procedimientos legales y estuvo fiscalizado por el Tribunal de Cuentas. Además, negó en todo momento haberse embolsado cantidad alguna a cambio de interceder en la adjudicación. También ha sido llamado a declarar este martes como investigado el alcalde de Puebla de Lillo (León), Pedro Vicente Sánchez, por la contratación a cargo de presupuestos públicos de servicios para mejorar la reputación online de la presidenta de la Diputación leonesa Isabel Carrasco.
Ese contrato se suscribió con la empresa del hombre que es considerado por el instructor como el conseguidor de la red Púnica, Alejandro de Pedro, que también está citado hoy en la sede de la Audiencia Nacional para responder al juez. Ortiz fue jefe de gabinete tanto con Carrasco como con su sucesor, Marcos Martínez, también imputado en este caso.
El juez investiga si durante la etapa de Ortiz como alcalde, aprovechó su posición y cometió "presuntos actos de corrupción". Le requiere para averiguar si hubo delitos de fraude contra la Administración pública, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos e informaciones, además de cohecho.
Velasco coincide con la valoración de los hechos investigados en el TSJM y quiere esclarecer en esta declaración si para lograr la adjudicación a Cofely Ortiz presionó "especialmente" al concejal promotor del expediente, David Sánchez Rey.
El juez Velasco pidió el pasado 11 de mayo al TSJM que abriera una investigación a Ortiz, al ser este aforado. Según los indicios, el exalcalde recabó información de los funcionarios sobre cómo estaba transcurriendo la licitación del contrato para luego dársela a Cofely y que su oferta consiguiera puntuar más que sus competidoras, Fulton y Dalkia.
Daniel Ortiz dimitió el 8 de julio, dos días después de que el TSJM aceptara investigarlo por su supuesta relación con la trama Púnica. Al perder su aforamiento, el caso pasó a manos de Velasco.
