Confirmada la condena al exalcalde de Fresno de Torote por acoso laboral a la interventora

  • La funcionaria denunció posibles irregularidades en un expediente
  • Sufrió "una dinámica de presión y hostilidad", según la sentencia
Confirmada la condena al exalcalde de Fresno de Torote por acoso laboral a la interventora
Ayuntamiento de Fresno de Torote en el núcleo de población de Serracines |P.O.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena a ocho meses de cárcel impuesta al concejal y exalcalde de Fresno de Torote Javier Laguna como autor responsable de un delito de acoso laboral a Mercedes Sánchez, la secretaria interventora municipal.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se desestima el recurso interpuesto por la defensa del exregidor contra la sentencia condenatoria, dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares.

Inhabilitación

La sentencia de instancia, que ahora se confirma, inhabilitó al actual concejal para el ejercicio de cargo público durante el tiempo que dure la condena y se absuelve a tres ediles que habían sido acusados del mismo delito, entre ellos la actual alcaldesa Ana Isabel Arias.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia condenó al exalcalde y al Ayuntamiento a pagar en concepto de indemnización a la interventora 1.310 euros.

Presuntas irregularidades

Los hechos se produjeron tras las elecciones municipales de 2015 con la entrada del nuevo equipo local. Según denunció la afectada, se la dejó de "brazos cruzados" a raíz de denunciar un presunto expediente irregular y por su condición de habilitada nacional del sindicato de funcionarios CSIF.

La sentencia señala que la interventora, que se negó a ratificar expedientes del entonces alcalde por mantener dudas sobre su legalidad, sufrió "una serie de actos de hostigamiento y descrédito que llegaron a menoscabar gravemente su integridad moral".

"Presión y hostilidad"

Según los hechos probados, Javier Laguna, "no aceptando" la "función fiscalizadora y de asesoramiento jurídico" que venía ejerciendo la secretaria interventora municipal, "inició una dinámica de presión y hostilidad hacia ella".

Este hostigamiento era "tendente en último término a conseguir que por unos medios u otros renunciara a su puesto funcionarial en el Ayuntamiento, campaña de hostigamiento que no cesó hasta el momento en que el acusado no dejó de ejercer sus funciones".

Entre los actos de hostigamiento figuran, según la sentencia, la denegación de vacaciones, apertura de expedientes disciplinarios, traslado injustificado de despacho, negarle las llaves de la caja fuerte y la publicación de un comunicado en la página web del ayuntamiento dando detalles sobre su sueldo, cuestionando sus bajas médicas y acusándola de obstruir el trabajo de la intervención municipal.

Crisis de angustia

"Como consecuencia de estos hechos", continúa la sentencia, esta trabajadora "sufrió un menoscabo grave a su integridad moral y en fecha 2 de marzo de 2016 se la objetivó un cuadro de síntomas compuesto por insomnio, apatía, dificultades de atención y concentración, estado de alerta continuo y crisis de angustia reactivo a su situación laboral". Por este motivo, la querellante estuvo de baja entre el 10 de febrero y el 4 de marzo de 2016.

CSIF en su momento denunció la discriminación salarial que también sufrió esta trabajadora con respecto a un compañero que realizaba similares funciones en el Ayuntamiento, coincidiendo con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta denuncia motivó que el ayuntamiento le incoara un expediente disciplinario.

"Arrinconada y maltratada"

"Me sentí totalmente arrinconada y maltratada", manifestó cuando denunció el caso Mercedes Sánchez en una rueda de prensa, donde relató que entonces plantó cara al alcalde en aquella época y a los ediles que se enfrentaron a ella.

La afectada, habilitada nacional de CSIF, entró en 1990 a trabajar en el Consistorio de este municipio madrileño de unos 2.000 vecinos y que se ubica a unos 15 kilómetros de Alcalá de Henares. El acoso a Mercedes comenzó después de las elecciones municipales de 2015 con la entrada de un equipo formado por cuatro concejales del PP y uno de Unidas Podemos, que sería el alcalde.

Según su relato, los intereses "oscuros" y "espurios" se interponían al cumplimiento de la legalidad. El hostigamiento se inició después de que denunciara ante la Fiscalía supuestas irregularidades en un expediente. A partir de ahí, la "arrinconaron" y comenzó a sufrir "un proceso muy doloroso".