La Comunidad de Madrid lanzará un nuevo tipo de vivienda social en alquiler destinada a estudiantes universitarios, que podrán hacer uso del mismo durante el curso, su renta no incluirá gastos individuales de luz o agua y las habitaciones tendrán que tener, como mínimo, 15 metros cuadrados por persona.
Así figura en el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que figura también el alquiler en rotación, que estará destinado especialmente a jóvenes en proceso de emancipación, mayores de 65 años o personas dependientes.
El alquiler para universitarios tendrá la duración del curso académico para el que se haya matriculado y existirá la posibilidad de fraccionar el pago de la renta en mensualidades o por trimestres.
Además, en el caso de que se esté en período vacacional --siempre que sea por menos de un mes-- se prorrateará el precio proporcional. Uno de los objetivos de este modelo es garantizar el acceso a la formación universitaria a las rentas "menos favorecidas".
Según ha explicado el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad, José María García, a Europa Press, se espera que a mediados de año pueda estar siendo remitido al Consejo de Gobierno para que sea aprobado.
"Una vez aprobado, a partir de ahí se podrían acoger a esta calificación las promociones que cumplan los criterios", ha indicado García, quien espera que en "uno o dos cursos" se puedan tener "residencias estudiantiles" en esta configuración para "atraer talento".
Servicios incluidos en el alquiler
Así, el precio del alojamiento incluirá el alquiler, pero sin los consumos individualizados de electricidad, agua y calefacción de la vivienda. También incorporará el uso de los elementos comunes del edificio como las salas de estudio, de televisión, biblioteca, servicio de consejería y recepción o el servicio de mantenimiento para averías. Además, también estarán los gastos derivados del sostenimiento del inmueble y mantenimiento de lo servicios comunes.
Se pagarán en cuotas separadas los gastos de luz y agua, servicio de Internet ilimitado, cable y WiFi, con los que cuente la vivienda, cuyo coste se repartirá entre los beneficiarios que la compartan.
Quien puede solicitarlo
La selección de los beneficiarios se hará con un proceso sujeto a principios de "publicidad, concurrencia y objetividad", al que podrán presentarse, además de los matriculados en las universidades, aquellos que participen en programas de movilidad e intercambio nacional o internacional.
Para acceder deberán acreditar haber formalizado la matrícula y unos ingresos familiares iguales o menores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples; mientras que aquellos que no estén obligados a tributas en España deberán aportar la resolución definitiva de concesión de una beca o ayuda para estudios universitarios, dictada por una universidad pública o privada española o extranjera.
El alquiler máximo no podrá ser mayor al 5,5% del precio máximo de venta de las Viviendas con Protección Pública de precio básico vigente a la fecha de celebración del contrato de arrendamiento.
El director General ha aclarado que el proceso de adjudicación --siguiendo pautas marcadas por la Comunidad-- lo ejecutará la entidad que administre el inmueble, que puede ser desde una universidad pública "con convocatorias públicas" o un operador privado al que "le interese especializarse en ese segmento de población".
Asimismo, ha expuesto que el estudiante, si sigue cumpliendo los criterios, podrá solicitar la renovación de esta vivienda para el siguiente curso; mientras, durante el verano, el Ejecutivo quiere que se puedan ocupar estos inmuebles para alumnos o profesores que atiendan cursos de verano, personas que mantengan un perfil similar y un vínculo con la universidad.
Tamaño de las viviendas
En este proyecto de decreto se estipula que las viviendas tendrán una superficie mínima de 15 metros cuadrados por persona y un máximo de 30 metros cuadrados útiles y, además, se podrán vincular en el proyecto una o dos plazas de garaje.
Estas deberán formar parte de edificios o conjuntos de edificios destinados en su totalidad y exclusivamente a esta finalidad y podrán construirse sobre cualquier suelo destinado a vivienda protegida o aquellos en los que esté permitido el uso residencial en el planteamiento territorial o urbanístico.
García ha puntualizado que el caso mayoritario serían las nuevas promociones inmobiliarias, ya que uno de los objetivos de Ejecutivo regional es, también, fomentar este sector económico como motor de recuperación y generación de riqueza.
