La Comunidad recurre la indemnización a OHL por sobrecostes en la M45

  • Cifuentes defiende la posibilidad de revocar a senadores autonómicos para "profundizar en la regeneración democrática"
  • Podemos acusa a Cifuentes de utilizar los presupuestos para "atemorizar" ante unas presuntas elecciones

La Comunidad de Madrid ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que debería indemnizar a OHL por sobrecostes en las obras de un tramo de la M45, según ha anunciado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, después de que el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, le preguntara durante el Pleno cómo piensa hacer frente al pago de la indemnización.

De momento no vamos a hacer frente a ningún pago, puesto que dicha sentencia no es firme y ha sido recurrida en casación el pasado 8 de septiembre", ha respondido Cifuentes, quien se ha comprometido a "agotar todos los recursos jurídicos para defender los derechos de los madrileños".

El portavoz de Ciudadanos ha aconsejado a la presidenta que "no se lo piense mucho", al tiempo que le ha recordado que cada año que pasa hay que pagar un 8 por ciento más por intereses y que ya van 76 millones de euros acumulados.

"Le recomiendo que pague y que pague cuanto antes", ha agregado Aguado, quien ha pedido a Cifuentes que reflexione sobre cómo se ha llegado hasta el punto de tener que pagar este año 400 millones de euros en "sentencias perdidas".

Aguado ha indicado que si se hubiera gestionado bien, esos 76 millones de euros hubieran podido servir para hacer 4 planes de ayuda para el alquiler, contratar 3.800 asistentes personales para personas con dependencia, construir 12 colegios o abrir 11 centros de salud.

"No diga que no hay dinero, que lo que no ha habido es buenos gestores", ha asegurado Aguado, quien ha acusado a los gobiernos del PP de presumir "de buena gestión mientras hipotecaban el futuro de los madrileños". En este punto, ha pedido a Cifuentes que no hable a la oposición de "herencia recibida" y le ha recordado que lleva 22 años en la Asamblea. "Usted entró aquí cuando yo tenía ocho años", ha espetado.

Cifuentes ha aclarado que la indemnización no asciende a 76 millones sino a 47 millones y 51 con intereses, al tiempo que ha acusado a Aguado de prejuzgar el resultado de un recurso judicial.

Por otro lado, ha señalado que la M45 se construyó hace 18 años, cuando se decidió que no fuera de peaje, y que es difícil decir si entonces los gestores acertaron o no, al tiempo que ha pedido a Aguado que diga abiertamente si es partidario de que sea de peaje, con canon anual o que la gestione directamente la Comunidad.

"No tiene sentido que venga a protestar sin ofrecer ninguna alternativa", ha agregado Cifuentes, quien ha acusado a Aguado de "demagogia" y ha hecho hincapié en que lleva 15 meses gobernando, para aseverar que responde exclusivamente de su gestión.

PRESUPUESTOS Y ELECCIONES

En la sesión de control, el portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, ha acusado a presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, de utilizar los presupuestos para "atemorizar" ante unas presuntas elecciones. "Da la sensación de que está utilizando el presupuesto para atemorizar con una presunta inestabilidad de cara a unas presuntas elecciones. No se puede jugar con el presupuesto", ha destacado el portavoz morado.

"Amenazas a mi no me habrá oído ninguna", ha afirmado Cifuentes, quien ha considerado que "serán otros quienes las hacen" amenazando con retirar apoyos de gobierno en algunos lugares. "Sabemos qué partidos amenazan", ha apostillado.

José Manuel López le ha pedido que se fije en los ayuntamientos. En el caso de la ciudad de Madrid, ha dicho que han dedicado una cuarta parte del presupuesto a financiar su deuda y han dedicado otra parte a políticas sociales, medioambiente y cultura, pero "no pueden porque (Cristóbal) Montoro no les está dejando".

"Los ayuntamientos están mostrando la solvencia que usted en la Comunidad y Montoro en Hacienda no tienen", ha criticado López, que ha denunciado que su política de cara a los municipios este año ha sido de "competir y no cooperar".

Por ello, ha pedido que ayude a los ayuntamientos a resolver sus problemas reales, que pasan en primer lugar por derogar la 'ley Montoro'". "No hay nada más inestable que un gobierno que siembra dudas de presupuesto y no deja trabajar a los ayuntamientos", ha aseverado.

Cifuentes le ha contestado diciendo que es "una pena que los españoles no piensen igual", y ha destacado que Madrid es la Comunidad que menos deuda tiene y que destina nueve de cada diez euros a gasto social.

"Tenemos intención de elaborar un presupuesto, pero lo tenemos que hacer con unas mínimas garantías jurídicas", ha sostenido Cifuentes, que ha dicho que para ello necesitan algunos datos como el techo de gasto, el objetivo de déficit o conocer la liquidación de 2015. Para eso, ha apuntado, en el Congreso se está trabajando en una Proposición de Ley que ha instado a Podemos a apoyar.

Si esa iniciativa no sale adelante la consecuencia para la Comunidad, "en el mejor de los casos", será la pérdida de 800 millones de euros, ha precisado.

"Mi Gobierno respeta la legalidad, no vamos a hacer ni unos presupuestos ficticios ni nos vamos a inventar 1.300 millones de euros como por ejemplo ha hecho el Gobierno valenciano (...) y mucho menos vamos a desafiar al Estado como está haciendo Podemos en el Ayuntamiento de Madrid con un plan financiero y económico que es ilegal e incumple la regla de gasto", ha apuntado.

POSIBILIDAD DE REVOCAR A LOS SENADORES AUTONÓMICOS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido la posibilidad de revocar a senadores elegidos por designación autonómica para "profundizar en la regeneración democrática y fortalecer la confianza que han depositado los ciudadanos en sus representantes y en sus instituciones".

Así lo ha manifestado Cifuentes ante la pregunta que le ha formulado el portavoz del Grupo Socialista, Angel Gabilondo, durante el Pleno, sobre el "sentido político" de dicha propuesta.

Gabilondo ha preguntado si la propuesta, "a imitación" de una Proposición de Ley de Podemos en Valencia --ante el caso de la senadora Rita Barberá--, "obedece a procurar una salida para un caso concreto" y en qué informe jurídico se basa, al tiempo que ha recordado que "en Madrid es suficiente con dimitir como diputado para cesar como senador".

"Su propuesta le llevaría a reconocer los límites de códigos éticos que no son al caso efectivos y hasta resultan papel mojado", ha señalado Gabilondo, quien ha defendido que "los senadores por designación en Madrid no son de segundo nivel frente a los senadores electos directamente, ya que han de ser diputados, que han sido elegidos por los madrileños", mientras que en Valencia no es un cargo ligado a la condición de diputado.

A juicio de Gabilondo, "no se trata de legislar para poder desligar políticamente a quienes podríamos preferir haciendo y menos de poner en riesgo a legítimas minorías con acuerdos de revocación".

"Otras cosa es que si alguien no es digno de ser senador tampoco lo sería de ser diputado y no entendemos entonces el revocatorio", ha agregado Gabilondo, quien ha afirmado que adelantar esta medida cuando hay un grupo de trabajo en la Asamblea para modificar el reglamento "responde únicamente a la necesidad de ofrecer una imagen de supuesta transparencia y regeneración que no se corresponde con la realidad ni viene al caso".

Así, ha preguntado a Cifuentes en quién está pensando y qué es lo que no funciona para que sea preciso adoptar esta medida, que no se puede concluir "sin un estudio necesario, meticuloso y sereno y con el análisis de sus consecuencias".

Por su parte, Cifuentes ha aseverado que el Grupo Popular va a promover que se pueda revocar a los senadores elegidos por la Asamblea y que la idea es que la comisión parlamentaria que está analizando la modificación del reglamento estudie esa posibilidad, "solamente por razones muy pesadas y en casos muy concretos", para que ese mecanismo tenga la suficiente "seguridad jurídica".

Tras reconocer la "dificultad jurídica" de la propuesta, se ha comprometido a "estudiar como condición obligada el encaje constitucional de esa medida", y ha acusado a Gabilondo que critique y siembre dudas sobre esta cuando acaban de presentar una iniciativa similar en Valencia. "El código ético del PP no es papel mojado, se aplica, no como ustedes que no tienen código ético, ni tienen ni se espera", ha agregado Cifuentes.