La Comunidad de Madrid eliminará la potestad de la Asamblea para elegir a los jueces del TSJM

  • Los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial
  • Aguado anuncia la creación de un canal confidencial y seguro para denunciantes de corrupción

La Comunidad de Madrid trabaja en la redacción del anteproyecto de Ley que plantea eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Así lo ha anunciado, el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, tras la celebración del Consejo de Gobierno.

El objetivo es permitir que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En concreto, se propone que en las Salas de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, el CGPJ sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. Hasta ahora la elección se realiza, a partir de una terna, a propuesta de la Asamblea de Madrid.

Con el cambio legislativo planteado, las restantes plazas también serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ

Defensor del Denunciante de la Corrupción

Por otra parte, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha avanzado que el Gobierno regional ha comenzado los trámites para crear la figura del Denunciante de la Corrupción, otro de los puntos del acuerdo entre PP y Ciudadanos.

Será un departamento "independiente y autónomo", que orgánicamente dependerá de la Administración pero que lo elegirá una mayoría cualificada de la Asamblea de Madrid, ha señalado Su objetivo es que cualquier funcionario público que quiera denunciar alguna irregularidad pueda hacerlo, garantizando su confidencialidad.

De esta manera, simplemente se pondrá en conocimiento del Defensor del Denunciante de la Corrupción la "supuesta práctica irregular" y será esta figura el que actuará y el que investigará si lo que se denuncia es verídico y si tienen que dar más pasos o directamente acudir a los tribunales.