La Comunidad de Madrid deberá pagar más de 22 millones de euros a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en virtud de dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, una por el llamado “tramo autonómico” correspondiente al curso 2014-2015 y la otra por exenciones y bonificaciones en matrículas correspondiente al curso 2012-2013.
La Universidad informa que el Tribunal Superior notificó el pasado día 7 ambas sentencias en las que estima dos reclamaciones de la Complutense por un valor total de 22.117.602,81 de euros, más los intereses, una por el “tramo autonómico” -16,7 millones de euros-, y la otra, por exenciones y bonificaciones en matrículas del curso 2012-2013 por importe de 5,4 millones de euros. En el segundo caso, dice la UCM, se trata de exenciones y bonificaciones especiales -como discapacidad, víctimas terrorismo, familias con cuatro o más hijos- que asume la propia Universidad en su presupuesto.
La Complutense recuerda que en julio de 2016 reclamó por primera vez el llamado “tramo autonómico”, referido a la diferencia entre la financiación de becas y bonificaciones universitarias que asume el Estado central y el coste real de las matrículas abonadas por los beneficiarios en función de los precios públicos fijados por cada comunidad autónoma.
La cuantía total reclamada hasta ahora por la UCM por este concepto asciende a 43,4 millones de euros, alcanzando hasta el curso 2014-2015. Además, las reclamaciones totales presentadas hasta ahora por la Complutense por otros conceptos de exenciones y bonificaciones ascienden a 27 millones de euros, y abarca el mismo período.
Las dos sentencias no son firmes pero "se corresponden con una consolidada jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia en relación con reclamaciones de las Universidades madrileñas por uno y otro concepto, habiendo llegado a dictar el Tribunal Supremo sentencias confirmatorias en casación".
La Comunidad de Madrid ha asegurado que acatará las sentencias. "Por supuesto las acataremos y haremos el pago", ha señalado el presidente regional, Ángel Garrido aunque remarcaba que lo que han intentando en todo caso es "acordar con las universidades una fórmula de pago para evitar" este tipo de sentencias, algo que, según el presidente, se ha conseguido "en buena medida".
