La Comunidad de Madrid atendió en 2017 a través de la Dirección General de Comercio y Consumo un total de 22.045 consultas de consumo, un 47,7 % más respecto a 2016, la mayoría relacionadas con asuntos como los suministros del hogar, las compras por internet o la nueva normativa del bono social.
Estas cuestiones son atendidas tanto en el teléfono 012 como en la Oficina de Atención al Consumidor de la Comunidad de Madrid, que resolvió un 32,29 % del total, según ha informado hoy el Gobierno regional en una nota de prensa.
La Comunidad de Madrid ha recopilado en el Portal del Consumidor las diez consultas más frecuentes que preocupan a los consumidores, entre las que también están las huelgas de transportes y las quejas con los servicios de telefonía e internet.
En las cuestiones relacionadas con la banca y los seguros, la pregunta más habitual tiene que ver con el procedimiento para reclamar los intereses pagados por una cláusula suelo.
En temas domésticos, saber si es obligatorio el aviso previo a la fecha de revisión de la caldera es una de las preguntas más habituales.
En los casos de la vivienda en alquiler y las garantías en las compra de productos, las preguntas que más se repiten se refieren a si el arrendatario debe comunicar al inquilino su decisión de ponerlo a la venta o qué tipo de solución se puede exigir al vendedor si se tiene problemas con un producto adquirido.
En cuanto a viajes y ocio, los consumidores suelen preguntar cómo pueden reclamar cuando se produce una cancelación de su vuelo, mientras que en lo referente a la contratación de servicios solicitan información sobre mudanzas, reparación en talleres o arreglos de electrodomésticos.
Asimismo, preguntan por los mecanismos que ofrece la administración para reclamar los problemas de consumo.
Por otro lado, en 2017 descendieron un 14,76 % las reclamaciones presentadas por los consumidores en la Comunidad de Madrid, al pasar de 21.636 en 2016 a 18.442.
De estas quejas, el 42,5 % correspondió a servicios y el 32,72 % a bienes, motivadas en su mayoría por servicio defectuoso (18, 72 %) y por incumplimiento de contrato (9,42 %).
Asimismo, en 2017 hubo un aumento de las solicitudes de arbitraje recibidas respecto a 2016, al pasar de 3.980 a 6.980 (un 55,18 % más).
El 55,67% perteneció al sector de suministros, en su mayoría (47,28 %) referidas a Telecomunicaciones.
Al cierre de 2017, el Sistema Regional de Arbitraje de Consumo contaba con 16.682 empresas adheridas.
Los conflictos sometidos al arbitraje se resuelven mediante la emisión de un laudo por parte de un órgano arbitral independiente, con el mismo valor que una sentencia judicial firme que pone fin al conflicto.
