En la Comunidad de Madrid hay 1.336 viviendas okupadas, según datos oficiales, y la mayoría de ellas están en Madrid capital. Es un problema que va a más, pese a las actuaciones policiales para acabar con los inmuebles ockupados ilegalmente.
La Oficina de Seguimiento de viviendas okupadas de la Policía ha recibido desde el pasado 19 de abril, 2.072 denuncias de propietarios o empresas y vecinos perjudicados por estas prácticas.
Del total comprobado, la Policía ha certificado hasta ahora que hay al menos 1.336 inmuebles okupados (una media de 15 llamadas de alerta cada día), de los que 1.166 son en la capital y 170 en varios municipios madrileños donde tanto la Policía como la Guardia Civil son competentes en seguridad.
EL MAPA DE LA OKUPACIÓN
Según los datos recabados por la Oficina y las comprobaciones efectuadas por los agentes de la unidad, se puede ya realizar un fiable mapa de la okupación, que desvela que Usera-Villaverde, con 163 espacios okupados, es el lugar donde más se llevan a cabo estas prácticas. Le siguen Carabanchel (148), Puente de Vallecas (144), Ciudad Lineal (137) o Villa de Vallecas (120).
MUNICIPIOS CON MÁS OKUPAS
Mientras, en las municipios donde las competencias de Seguridad corren a cargo de la Policía, lo que sufren más esta lacra son Móstoles (36), Fuenlabrada (36), Parla (20), Leganés y Alcorcón (ambas con 14), Alcalá de Henares (12) y Torrejón de Ardoz. (12)
Del total de denuncias comprobadas, la mayor parte -el 70%- se realizan en comisaría -la gran mayoría se ejecutaron en el mes de abril (636), cuando se puso en marcha el servicio y se dio a conocer a la ciudadanía-. La siguiente vía por la que más denuncias se recibieron -un 19%- fue por el teléfono habilitado 900 100 301. Mientras, por correo electrónico (madrid.ocupacion@policia.es) se recibieron el 8%y en un 3% había una denuncia previa.
Dentro de las actuaciones también se encuentran las mafias okupas. Antes de poner en marcha la nueva unidad, la Federación de Asociaciones de Vecinos calculaba que hay más de 1.000 pisos okupados en la ciudad por estas bandas violentas que cobran a los inquilinos entre 200 y 300 euros por un alquiler mensual y 2.000 o 3.000 euros en el caso de que vendan la propiedad de la casa okupada.
La Oficina de Seguimiento fue puesta en marcha por la Delegación de Gobierno en abril para tratar de dar solución al problema y como coordinador fue designado Sergio Gámez.
