El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a la Comunidad de Madrid copia de un total de 317 contratos para la organización de eventos firmados con empresas de la conocida como trama Gürtel con la presunta intervención del exconsejero de Deportes y exdiputado en la Asamblea madrileña, Alberto López Viejo, y el exdiputado y gerente de la empresa municipal de vivienda de Boadilla del Monte, Alberto Bosch Tejedor.
Según especifica el auto del magistrado hecho público este viernes, ante la sospecha expresada por la Fiscalía Anticorrupción de que de ambos excargos públicos pudieran haber recibido pagos relacionados con la firma de estos contratos para la organización de eventos, el juez requiere a la Comunidad madrileña que "en el plazo improrrogable de un mes" remita toda la documentación en su poder "sobre la adjudicación y facturación" de estos actos.
Entre los más de 300 actos detallados por el magistrado en un listado incluido en el auto, se encuentra el primer aniversario de los atentados del 11 de marzo de 2004, un homenaje en memoria de Miguel Angel Blanco o el encargo de un cuadro del ex alcalde madrileño y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
También figuran entre los actos señalados la visita en 2004 del entonces presidente de Microsoft Bill Gates, la organización de la Copa Davis en 2004, una firma de un convenio con el Real Madrid y la organización de la celebración de la obtención de la Liga ACB por parte del Real Madrid de Baloncesto.
Además, el juez Ruz pide a la Comunidad de Madrid, a través de su vicepresidencia, que remita la documentación relativa a 45 facturas firmadas con las empresas Easy Concept Comunicación, Good and Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico. También reclama a la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte documentación sobre la adjudicación, facturación y pago de otros 16 eventos.
PAGOS EN UNA 'CAJA B'
Estas nuevas diligencias ordenadas por el magistrados se producen tras el análisis de la documentación intervenida en el domicilio de la imputada Isabel Jordan, directora de la empresa Easy Concept, y tras la deteccción de la existencia de una 'caja B' en la que se detallan pagos a cargos públicos.
En el marco de esta investigación el juez ha citado a declarar para el próximo dia 31 a los trabajores de Easy Concept Pedro Fuste y Alejandra Lascary y la empleada de Servimadrid Integral Rocío Perea.
Ruz reclama, además, a la entidad Banesto que informe sobre la identidad de una persona que sacó de una cuenta de la entidad entre diciembre 2006 y octubre de 2007 cantidades que oscilan entre los 30.000 y los 115.000 euros hasta alcanzar una cantidad total de 290.000 euros.
Por último, el magistrado pide a la Intervención General de la Administración del Estado que le informe sobre la regularidad y cumplimiento de los principios de contratación pública de cinco expedientes de adjudicación de contratos.
