El Gobierno de Madrid ha aprobado hoy el anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros, que limita al 40% la representación pública en los órganos de gobierno, refuerza el papel de los impositores, endurece las retribuciones de los altos cargos y pone a la Obra Social bajo protectorado de la Comunidad.
Así lo ha indicado hoy el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, al término del Consejo de Gobierno que ha acordado remitir al CES el anteproyecto de la Ley regional de Cajas de Ahorro, para su aprobación posterior por la Asamblea de Madrid.
La nueva ley autonómica, ha explicado Beteta, despolitiza las Cajas de Ahorros porque los consejeros no podrán ser cargos políticos electos ni altos cargos de la administración y en cualquier caso, la representación pública en los órganos de dirección no superará el 40%.
Esta representación se distribuirá entre los distintos órganos de manera que se dará mas peso a los impositores en detrimento de las Administraciones y se potenciará la independencia de las cajas frente a cualquier poder político, incluso el de los ayuntamientos, que sólo contarán con un 1,5% en el Consejo.
Se suprime el representante autonómico en la Comisión de Control de las Cajas de Ahorro y se introduce la incompatibilidad de la presidencia ejecutiva y de la dirección general con cualquier otra actividad retribuida, incluido el SIP (Sistemas Institucionales de Protección), a la vez que se endurecen las retribuciones de los altos cargos.
La Comunidad de Madrid contará con un representante en la Obra Social de las Cajas de Ahorro, de manera que este organismo estará "sujeto al protectorado" de la Administración madrileña, según ha dicho Beteta.
Ha indicado que la Comunidad de Madrid no tendrá derecho a veto en las "decisiones estratégicas" que se adopten en el seno del Consejo de Administración de las Cajas y se atendrá "a lo que diga la ley".
Según el consejero, el único veto es el que estableció el presidente Rodríguez Zapatero al fijar las mayorías de dos tercios en los órganos de gobierno de la Asamblea General de las Cajas de Ahorro "por lo que sería él y no la Comunidad el que vetaría las decisiones", ha afirmado.
Ha indicado asimismo que la nueva ley regional incorpora las figuras que puedan crearse como consecuencia de la modificación estructural de las cajas de ahorro, para lo cual se regulan con os Sistemas Institucionales de Protección (SIP), el ejercicio de la actividad de las cajas a través de entidades bancarias y su transformación en fundaciones de carácter especial.
La ley se ajusta a la norma estatal en cuanto al máximo de 12 años de mandato de los miembros de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, que solo podrán superar dicho limite en caso de integración o fusión.
Asimismo, se prevé que las obras sociales que realicen las cajas queden al margen de las reformas estructurales y que, de producirse estas, se sigan destinando los mismos porcentajes a dichos fines.
La Comunidad deberá autorizar el presupuesto de las funciones que las cajas puedan crear para obras sociales y después deberá supervisarlo la asamblea general.
Una vez que se aprueben los estatutos, Caja Madrid dispondrá de dos meses para reducir la representación pública al 40%, sin que estas modificaciones interfieran en la gestión de las entidades financieras, cuyos órganos de gobierno se adaptarán a la nueva normativa de manera paulatina.
Tampoco se verán afectadas las elecciones previstas en Caja Madrid en 2012 para la renovación de los sectores impositores y de los empleados, que se desarrollará como estaba previsto.
El consejero de Hacienda ha informado asimismo de que el Gobierno regional ha aprobado hoy la autorización del SIP y se la ha comunicado al presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato.
En cuanto a una posible ampliación de capital de Caja Madrid, Beteta ha indicado que la Comunidad "no es la que tiene que decidir salir o no al mercado" ya que se trata de una decisión que corresponde "al banco SIP", sobre el que no tiene competencias.
