Un año y medio después del incendio que quemó 1.500 hectáreas de monte en Robledo de Chavela, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este mes de enero el mayor proyecto de reforestación de su historia, que en cinco años habrá supuesto plantar 260.000 árboles de especies autóctonas.
Los días 27 y 28 de agosto de 2012 un incendio provocado quemó unas 1.500 hectáreas de monte en los municipios de Valdemaqueda, Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda, el mayor fuego en Madrid en dos décadas, que afectó a una Zona de Especial Protección de Aves de la Red Natura 2000 y obligó a desalojar a 2.000 personas.
El consejero madrileño de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola, ha explicado a Efe en una entrevista que hace dos meses, a comienzos de enero, se iniciaron las labores de reforestación para recuperar la zona, un proyecto que no ha conocido cifras similares en la historia de la Comunidad de Madrid, ya que se plantarán más de 260.000 árboles.
"Desde hace un año, en colaboración con el Ministerio estamos preparando el terreno para la reforestación; durante un año hemos mantenido la cubierta vegetal para facilitar la reforestación natural y que el monte se recuperara sin ayuda, pero pasado ese año vamos a comenzar la replantación donde no se haya producido esa regeneración natural", ha explicado el consejero.
El objetivo es que la próxima generación contemple el monte tal y como estaba antes de quemarse, y para ello se ha recurrido a plantar las mismas especies que lo poblaban, básicamente pino piñonero, pino silvestre, madroños, encinas y fresnos.
Será una labor larga, que ocupará al menos cinco años, pero que se ha querido hacer de forma consensuada con los expertos medioambientales y dando al monte la oportunidad de regenerarse por sí mismo.
El consejero también se ha referido a la Ley de Viviendas Rurales aprobada en diciembre de 2012, que permite edificar casas de una sola planta en fincas rurales en desuso sin protección ambiental y en parcelas de al menos 6 de hectáreas.
Una ley que, durante su tramitación, levantó una gran polémica entre la oposición y asociaciones ecologistas, que advertían de los riesgos de construir en terreno rural y aseguraban que con esta norma se "privatizaba" el medio ambiente.
Borja Sarasola ha explicado que la tramitación de las peticiones para construir están resultando muy lentas precisamente porque a los propietarios que quieren levantar casas se les imponen "estudios ambientales enormemente exigentes y cargas ambientales muy duras".
"Dentro de poco veremos viviendas que cumplen los estándares ambientales, y veremos que nada de lo que predijeron algunos agoreros se ha cumplido", ha dicho el consejero, que ha afirmado que los particulares son "cooperadores necesarios" en las labores de prevención y de mejora del medio ambiente.
