El Ayuntamiento de Colmenar suspenderá su plan de ejecución de inversiones para 2020 hasta que negocie con la Comunidad de Madrid un plan de pago para los 21 millones de euros que le adeuda tras la sentencia de la finca de El Tagarral.
Así lo ha anunciado el alcalde, Jorge García, después que el Tribunal Supremo diera la razón la semana pasada a la Comunidad de Madrid en su petición de que Colmenar le pague los 21 millones de euros que le adeuda por un conflicto judicial.
Desde 1987
El caso se remonta a 1987, cuando la Comunidad aprobó la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo, que cambiaba la calificación de un suelo -que ahora pertenece a Tres Cantos- de urbanizable programado a suelo no urbanizable.
En 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó a las tres administraciones a pagar 42 millones a los propietarios del suelo, aunque finalmente la cifra ascendió a 63 millones por los intereses de demora.
La Comunidad de Madrid asumió el pago en su totalidad para frenar la suma de intereses a la multa por un cambio de suelo que fue denunciado por los propietarios, y, posteriormente, reclamó a los consistorios de Tres Cantos y Colmenar Viejo “su parte” de la deuda, pero ambos municipios llevan años negándose.
Pide reunirse con la Comunidad
En una rueda de prensa, el alcalde ha dicho que el ayuntamiento “va a hacer frente a la sentencia” del Supremo, y que el primer paso que dará es solicitar una reunión al Gobierno regional para “tratar de llegar a algún acuerdo” de un plan de pagos.
Todo ello -ha dicho, porque “evidentemente, el Ayuntamiento de Colmenar no puede asumir directamente el pago de 21 millones de euros”. También ha asegurado que intentarán que esta adeuda “afecte lo menos posible a los ciudadanos”, y ha rechazado rotundamente que se planteen subir los impuestos.
“Lo que se hará es una reestructuración de todos los gastos, siguiendo un criterio de prudencia”, ha añadido. También ha adelantado el alcalde que serán suspendidas temporalmente las inversiones que estaban contempladas en el presupuesto de 2020, que irá al Pleno de la próxima semana, “hasta que se llegue a un acuerdo con la Comunidad”.
Inversiones a un menor ritmo
Después, ha manifestado el edil, el Gobierno “espera poder seguir con todas las inversiones”, aunque ha reconocido que habrá que “ralentizar su ritmo o hacerlas en más años; pero la intención es la de ejecutarlas todas”, ha apostillado.
García ha recalcado que Colmenar Viejo “siempre ha querido hacer frente” a las primeras sentencias que se emitieron sobre este conflicto, y ha defendido que en los últimos lustros la localidad “ha puesto encima de la mesa diferentes fórmulas de pago”, como ofrecer suelo o un acuerdo de servicios al Ayuntamiento de Tres Cantos.
Por otra parte, ha dicho que la situación de Colmenar es ahora "distinta” a la que había cuando se emitieron las primeras sentencias. En aquel momento, ha explicado el ayuntamiento estaba “en quiebra técnica”, mientras que ahora tiene un remanente positivo de alrededor de 20 millones.
Regla de gasto
No obstante, explica el edil, no se puede usar esa cifra para pagar la deuda debido a la regla de gasto y a la ley de estabilidad presupuestaria.
Por otro lado, García ha hecho hincapié en que el municipio impugnó el Plan General de Ordenación de Urbana de Tres Cantos que provocó el conflicto, con el fin de “revertir el problema”, y lamenta que “nunca se haya hecho caso a Colmenar Viejo”.
De cualquier forma, el edil ha dicho que una de sus prioridades ahora es analizar de qué forma "se puede alargar el pago lo máximo posible en el tiempo, para que afecte lo menos posible a la localidad”.
Lamentaciones del alcalde
“Desde 1987 ha habido muchas opciones, pero en todas ellas Tres Cantos siempre se ha echado atrás”, ha lamentado el alcalde, quien también ha reprobado que la corporación local de Colmenar Viejo “tomara en aquel momento una mala decisión que ahora costará 21 millones de euros a los vecinos”.
“Aquella corporación debe pedir disculpas vecino a vecino, porque los colmenareños van a pagar 21 millones de euros por una decisión errónea que tomaron en 1987, habiendo ya sentencias previas que indicaban que el contenido del plan era incorrecto”, ha afirmado el alcalde.
