Cincuenta familias Alcorcón, Vallecas y Torrejón se unen para oponerse a la subida abusiva de sus alquileres

  • El fondo de inversión Blackstone quiere subirles el alquiler más de un 60%
Vivienda en alquiler
Vivienda en alquiler |EUROPA PRESS

Cincuenta familias de Alcorcón, Vallecas y Torrejón de Ardoz se han organizado, a través del Sindicato de Inquilinos, para plantarse ante las "subidas abusivas" en sus alquileres, "de más de un 60%", que les quiere imponer el fondo de inversión Blackstone, dueño de las viviendas afectadas.

Según afirma el Sindicato de Inquilinos en un comunicado, Blackstone, mediante sus socimis Fidere y Testa, ha puesto sobre la mesa esta subida en el momento de renovar los contratos, una operación que, a juicio de los afectados, el fondo lanza "con el fin de lucrarse de un contexto económico donde todos los suministros básicos para la vida están aumentando sus precios".

Los alquileres se encarecen un 0,8% en el primer trimestre del 2022
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"De las más de 50 familias organizadas nuevamente en el sindicato, la mitad de ellas ya están fuera de contrato y se mantienen firmes en no pagar esta subida abusiva. Al resto de inquilinas se les irán cumpliendo los contratos a lo largo de los siguientes meses, igual que a muchas otras vecinas de estas promociones de vivienda que podrán unirse a la campaña #NosQuedamos en los meses de primavera", indica la organización.

Cita, como ejemplo, el caso de una pareja de Torrejón a la que Blackstone le quiere subir el alquiler de 741,83 euros a 1.176,21, un incremento "inasumible".

Vivir de alquiler en Madrid... cuando la casa es una ruina
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El sindicato critica asimismo que, mientras en el Congreso "no parecen tener ninguna prisa en aprobar una ley de vivienda garantista, se continúa permitiendo que estos grandes fondos de capital sigan haciendo negocio con las viviendas de miles de inquilinos por todo el Estado".

El Sindicato de Inquilinos recuerda que, el año pasado, salió airoso de otra negociación colectiva con Blackstone, consiguiendo que el fondo "cediera a la presión y aceptase los términos impuestos" por más de 200 inquilinos a los que pretendía renovar sus contratos de alquiler con "subidas abusivas", y con "amenazas de desahucio".

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