La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que los presupuestos regionales tengan que ser prorrogados debido al bloqueo en las negociaciones para la formación del Gobierno central. Cristina Cifuentes, ha indicado este miércoles que le "preocupa mucho" la posibilidad de que se tengan que prorrogar los presupuestos regionales dado que, de ser así, afectaría a servicios esenciales.
En declaraciones a los periodistas antes de su intervención en el foro "Tribuna Autonómica" organizado por el diario El Mundo, Cifuentes ha reconocido que le preocupa "mucho" el hecho de que las cuentas regionales tengan que se prorrogadas, por lo que están trabajando con el Ministerio de Hacienda y el resto de comunidades autónomas para analizar la situación.
"Prorrogar los presupuestos de la Comunidad de Madrid supondría tener que tomar decisiones como congelar los salarios de los empleados públicos, tener que demorar el pago a los proveedores y probablemente tener que dejar de prestar determinados servicios que son esenciales", ha explicado. En este sentido, ha afirmado que van a intentar "por todos los medios" poder realizar unos presupuestos regionales.
Cifuentes ha agregado que están hablando con el Ministerio de Hacienda para que "se puedan hacer algunas modificaciones legislativas", que ha puntualizado que "necesitarían, sin duda alguna, el acuerdo del PSOE".
Esos cambios legislativos, según la presidenta del Ejecutivo madrileño, estarían encaminados a que las comunidades autónomas puedan conocer la previsión de ingresos o, por lo menos, cuál va a ser su participación en los ingresos del Estado; la liquidación del sistema de financiación del 2015; el techo de gasto, y los datos déficit y de deuda, que "son imprescindibles para poder elaborar unos presupuestos".
ESTRATEGIA DE "TIERRA QUEMADA" DE SANCHEZ
La popular ha opinado que "aunque el Gobierno en funciones haga lo posible por remediar esta situación de incertidumbre" no se pueden "minimizar los efectos desestabilizadores de la estrategia de tierra quemada de Pedro Sánchez".
En su opinión, "el bloqueo político e institucional al que ha sometido al país es un elemento perturbador que sólo introduce ruido e incertidumbre; que está ralentizando la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo y que en última instancia perjudica a todos los españoles y especialmente, a aquellos que más necesitan de las políticas sociales que tenemos que desarrollar".
Así, ha señalado que si no se remedia, esta situación de interinidad podría suponer para la Comunidad de Madrid una pérdida de 800 millones de euros. Además, ha apuntado que los sueldos de los funcionarios quedarían congelados y el ritmo de pago a proveedores empeoraría.
RECLAMA REFORMAS LEGALES
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha apostado este miércoles por impulsar un cambio en la legislación electoral para que el partido más votado cuente con una mayoría reforzada que facilite la formación de gobierno. Se ha mostrado "convencida de que España debe acometer un ambicioso proceso de reformas que, sin necesidad de afectar al núcleo constitucional, sí pueden y sí deben ser profundas, de gran calado". Entre ellas se encuentra una que defendió el Grupo Parlamentario Popular en el pasado Debate del Estado de la Región, que pasa por instar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales a promover una modificación de la legislación electoral para dotar de una mayoría reforzada al partido más votado. A su juicio, es "una propuesta sensata e imparcial, que devolvería la estabilidad" al país y garantizaría "la neutralidad, porque favorecería al partido más votado con independencia de que sea de izquierda o de centro".
Otra de las reformas que plantea pasa por su Plan de Regeneración Democrática, que incluye tres proyectos de ley: el de Medidas de Regeneración Democrática, el de Reforma del Estatuto de Autonomía y el de Gobierno Abierto, Participación Ciudadana y Transparencia. Estos proyectos suponen la eliminación de los aforamientos, la limitación de los mandatos de la presidenta y los consejeros; las listas abiertas, la reducción del número de diputados o un régimen más importante de incompatibilidades.
Por otra parte, y al igual que ha defendido en los últimos meses, ha visto "urgente rediseñar el sistema de financiación autonómica" para asegurar los servicios públicos.
