Carlos Mur declara ante el juez sobre la gestión de las residencias durante la pandemia

La investigación judicial sobre la gestión de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de la Covid-19 continúa tras la declaración del exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid.

En su comparecencia, celebrada el pasado lunes 26 de enero, Mur afirmó que no fue el autor de los protocolos de derivación hospitalaria aplicados en las residencias durante los meses iniciales de la crisis sanitaria. Según su testimonio, los documentos fueron elaborados por el geriatra Javier Martínez Peromingo y otros veintidós profesionales sanitarios. Mur explicó que su actuación se limitó a remitir dichos protocolos a la entonces viceconsejera de Asistencia Sanitaria, Ana Dávila, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

El exalto cargo también señaló que fue el consejero quien autorizó la creación de la figura de los llamados “geriatras de enlace”, profesionales que desempeñaron un papel relevante en la gestión de las derivaciones hospitalarias desde las residencias.

Estas declaraciones se producen en el marco de varias causas judiciales abiertas que investigan la aplicación de los protocolos de no derivación a hospitales en residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia.

Por su parte, la actual consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido la actuación del Gobierno regional y ha señalado que la administración autonómica mantiene un seguimiento permanente de las residencias. Asimismo, ha recordado la puesta en marcha de planes específicos, como el refuerzo de la atención médica en estos centros durante los periodos de mayor presión asistencial.

Tras la declaración judicial de Mur, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se refirió públicamente a la asociación 7.291. Verdad y Justicia para las víctimas en residencias’, formada por familiares de fallecidos y trabajadores del sector: "Creo que la plataforma de frustrados de la izquierda madrileña y los activistas mediáticos que les hacen el caldo gordo llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas".