El delegado de Movilidad y Medio Ambiente de Madrid, Borja Carabante, niega las acusaciones de la izquierda en su contra por la cláusula del 1% en contratos públicos de la Comunidad de Madrid que supuestamente habrían servido para financiar al PP y considera que la oposición busca "tapar" sus "propias vergüenzas".
En declaraciones a los periodistas tras la comisión municipal de su área, Carabante ha señalado que decidirá si comparece o no en la Asamblea de Madrid como le pide Más Madrid cuando reciba la notificación y ha enmarcado la petición de Más Madrid en una intencionalidad política.
Ni imputado, ni en el auto
"Es una información que ya surgió en el año 2017 que está bajo investigación judicial, en la que se imputa y se investiga a 70 personas. Yo no solo no estoy imputado, ni tan siquiera aparezco en ese auto y esto lo que tiene es una clara intencionalidad política que yo creo que lo que quiere es tapar las propias vergüenzas de la oposición", ha defendido Carabante.
Intencionalidad política
El delegado de Movilidad, al que la oposición pide la dimisión, ha recordado que la información de los doscientos contratos del 1 % suscritos entre 2009 y 2013 surge "en el momento que se descubre que hay cajas fuertes con documentos inéditos de los ERE, cuando se conoce que a Isa Serra le solicita la Fiscalía 23 meses de prisión y por tanto tiene una intencionalidad política clarísima".
Petición de Más Madrid
Más Madrid ha pedido la comparecencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida porque fue secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad entre 2011 y 2013, y la dimisión de Carabante, quien fue director general de Carreteras entre 2008 y 2011 y viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda entre 2011 y 2015.
El Gobierno regional detalla en una respuesta escrita ante una petición de Unidas Podemos cerca de 200 contratos con la cláusula del 1 %, mecanismo que, según el auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, utilizó el PP supuestamente para financiarse irregularmente entre 2004 y 2014.
Dicha cláusula obligaba a las empresas adjudicatarias de contratos de obras de la Comunidad a destinar un 1 % del presupuesto de la obra en concepto de publicidad y a contratar a una empresa para promocionarlas, si bien la investigación judicial apuntaba que ese sistema pudo servir para financiar al PP madrileño.
