Cañada Real, tres años sin luz
- "El Gobierno de España está violando la Carta Social Europea", advierten los colectivos que trabajan en esta bolsa de pobreza
Cerca de 4.000 personas, entre ellas más de mil niños, llevan viviendo en una situación de "emergencia humanitaria", sin suministro eléctrico desde hace tres años en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real Galiana.
Una vez superados los momentos más duros de la pandemia, el viernes 2 de octubre de 2020, la Cañada se quedó sin luz.
La presidenta de la asociación cultural Tabadol, Houda Akrikez, insta a las Administraciones públicas -el Gobierno central, la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas-Vaciamadrid- a cumplir el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana para garantizar los derechos de las familias afectadas.
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"Intentamos sobrevivir de la mejor manera posible, con generadores eléctricos y velas, pero no podemos tener una vivienda en condiciones. Si no hay luz, no hay nevera, no hay microondas, no hay agua caliente, no hay vitrocerámica, no se puede usar un secador de pelo, no se puede ver la televisión y tampoco se puede tener wifi", explica Akrikez.
En invierno "el frío es brutal" y en verano "las olas de calor castigan con intensidad" a la Cañada Real, donde las casas son bajas, se encuentran dispersas y no están acondicionadas para soportar estas situaciones, precisa.
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"Estamos en una situación de emergencia humanitaria, que supone una violación de todos los derechos humanos", subraya Akrikez, quien se pregunta si es normal que su hija tenga que estudiar con una vela.
"No es normal que mi hija llegue desde el instituto y no pueda tener un plato caliente. No es normal que nuestras niñas no se puedan duchar con agua caliente antes de irse a la cama. Tampoco es normal que las mujeres a día de hoy tengamos que lavar la ropa a mano", resalta.
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DENUNCIA A NATURGY
La asociación cultural Tabadol y la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real denunciaron ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid a la Comunidad de Madrid y a la empresa distribuidora de luz Naturgy por un posible delito de coacciones por el corte del suministro eléctrico a los vecinos sin previo aviso y sin ninguna justificación, pero la denuncia fue archivada por falta de documentación y tras presentar Naturgy un informe asegurando que no había cortado el servicio.
Además, presentaron una queja colectiva junto con cinco organizaciones comprometidas con los derechos humanos ante el Comité Europeo de Derechos Sociales que acompañaron de un informe que revela que el 80 % de las personas que viven en la Cañada Real tienen problemas de salud física y mental a raíz de los cortes de luz.
El Comité Europeo de Derechos Sociales -que admitió a trámite la queja el 26 de octubre de 2022- instó al Gobierno central a adoptar medidas para restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real antes del 15 de diciembre de 2022, a lo que el Ejecutivo respondió que el tejido eléctrico es tan antiguo que su reenganche a la red general supone un riesgo.
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"Hemos presentado alegaciones en marzo por parte de la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real y estamos a la espera de la respuesta del Comité Europeo de Derechos Sociales. Tenemos mucha fe en esa respuesta y esperamos que vuelva a darle otro toque de atención al Gobierno de España, porque está violando la Carta Social Europea", apunta Akrikez.
Ahora, pide a las Administraciones públicas que cumplan con el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, en el que se especifica que se va a garantizar el suministro eléctrico a sus habitantes, mientras se busca una solución al barrio.
"Los realojos avanzan a cuentagotas", detalla Akrikez antes de indicar que justamente hoy han derribado unas viviendas en la Cañada Real sin previo aviso, mientras los vecinos reivindican luz y contratos de suministro eléctrico, al tiempo que quieren participar en la mesa de trabajo del pacto regional.
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"El proceso de realojos no es democrático porque no tenemos derecho a saber dónde vamos a vivir hasta firmar el contrato", expone.
En esta antigua vía pecuaria, de 14,4 kilómetros de longitud y hasta 100 metros de ancho, viven más de 7.500 personas -entre ellos más de 2.500 menores- en los seis sectores que discurren por los municipios de Madrid, Coslada y Rivas-Vaciamadrid.
