Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos grupos altamente especializados en estafar a operadoras de telefonía y entidades bancarias, han detenido a 20 personas en Madrid y Guadalajara, y han esclarecido un fraude superior a los 820.000 euros, ha informado este martes el Cuerpo Policial en una nota de prensa.
Los líderes de ambos grupos tenían menos de 30 años pero contaban con altos conocimientos en la materia. Además, habían conseguido reclutar una extensa red de colaboradores en la Comunidad de Madrid.
Las investigaciones comenzaron en el año 2018, cuando los agentes detectaron a dos jóvenes que comenzaron a cometer estafas bancarias con la participación necesaria de terceras personas conniventes en la zona del Corredor del Henares. A principios del año 2019, una discusión entre ambos provocó que cada uno de ellos empezara a actuar de manera independiente.
Al mismo tiempo, las estafas tendían a ser cada vez más complejas y especializadas, por lo que necesitaban de la participación de otros colaboradores, además de infraestructura, metodologías y técnicas financieras avanzadas que denotaban un conocimiento preciso de las mecánicas de detección del fraude aplicadas tanto por el sector bancario como por las operadoras de telefonía.
Uno de los dos jóvenes se especializó en la comisión de estafas masivas y sistemáticas a las operadoras de telefonía, en concreto, a las tiendas que una conocida operadora tiene en la Comunidad de Madrid, donde adquiría gran cantidad de terminales telefónicos de gama alta mediante financiaciones asociadas a varias empresas que él mismo administraba y que carecían de actividad real.
Automóviles de lujo
Este individuo acudía a esas tiendas a bordo de automóviles de lujo que previamente había alquilado. Siempre mostraba una buena apariencia, lo que le servía para dar credibilidad a su tapadera, pues se hacía pasar por un alto cargo directivo de la operadora. Tal llegó a ser la perfección de la teatralidad desplegada por este estafador que, en varias ocasiones, llegaron a permitirle operar desde las tiendas con los equipos y el sistema gestor de clientes esa operadora.
Esta circunstancia era aprovechada para eliminar permanencias, alertas y avisos sobre impagos o estado de las financiaciones, con lo que se garantizaba poder acudir a nuevas tiendas para repetir la mecánica de adquisición de terminales financiados.
Además, poseía un alto nivel de conocimiento sobre los operadores de telefonía, para los que habría llegado a trabajar años atrás. Esto le garantizó poder operar con el sistema en remoto, desde su propio domicilio, a través de la web de la compañía, con claves y usuarios ajenas pero válidas.
Vendían a terceros
De esta manera, modificaba las alertas tanto en las tiendas como a distancia, lo que le posibilitaba adquirir de forma sistemática cientos de terminales de alta gama que, posteriormente, vendía a terceros en los canales y plataformas de compra de venta de productos usados.
El líder del otro grupo criminal, por su parte, se especializó en las estafas bancarias masivas consistentes en crear aparentes impagos en cuentas bancarias empresariales abiertas en varias entidades españolas. Esta mecánica hacía necesaria la creación previa de empresas o altas en actividades económicas que, a la postre, resultaban irreales o inexistentes, con el fin de poder contratar cuentas bancarias empresariales asociadas a aparatos terminales punto de venta o TPV.
La técnica requería del reclutamiento de una extensa red de mulas y conniventes en localidades como Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, Torrejón del Rey y Guadalajara principalmente, que daban de alta empresas y sociedades sin actividad real con el único fin de posibilitar operaciones entre cuentas bancarias, cuyo resultado siempre consistía en movimientos de dinero que generaban deudas por impagos a los bancos que, a priori, no detectaban el fraude.
Modus operandi
Este individuo resultaba ser la persona que controlaba las cuentas de los conniventes y operaba con ellas mediante dos métodos similares de retención de operaciones en TPV. El modus operandi consistía en cargar operaciones sucesivas con tarjetas bancarias controladas por el entramado criminal en los datáfonos de las empresas conniventes, con la opción de 'operación retenida' activada.
De esta manera, el dinero que se movía entre cuentas, una vez era recibido, se retiraba en efectivo o se volvía a transferir, puesto que a final de semana o de mes, esas operaciones eran retrocedidas o anuladas, lo que significaba que el dinero regresaba a la cuenta de origen y, en ese momento, se generaba el descubierto o saldo negativo, que finalmente generaban impagos. Con esta metodología, se garantizaba que los descubiertos en esas cuentas bancarias pasasen desapercibidos al ser contabilizados como impagos derivados de una actividad económica o empresarial por los bancos.
Ambos entramados se servían de técnicas destinadas a enmascarar la intencionalidad de las operaciones, cuyo fraude asciende a 400.000 y 420.000 euros respectivamente. En los registros domiciliarios realizados por la Policía Nacional han intervenido importantes cantidades de dinero en efectivo, un software especializado, pruebas documentales, tarjetas de crédito y débito y dos vehículos de alta gama, entre otros efectos.
