La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha avanzado este miércoles que solicitará una reunión formal con la Delegación de Gobierno para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad en los que se podrían limitar las manifestaciones, como ocurre en París, con tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas.
"El derecho de manifestación se puede y se debe regular", ha apostillado la alcaldesa, que ha señalado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "urge tomar medidas". La primera edil ha defendido que "no se puede entorpecer la movilidad de Madrid de manera frecuente con manifestaciones".
Lo que ha propuesto Ana Botella es "pactar" con los organizadores de las protestas "itinerarios alternativos fuera del corazón de la ciudad" y además "hacerlos cumplir". Para eso no sería necesario modificar ninguna ley ya que la Delegación del Gobierno ya fija el itinerario de cada manifestación de acuerdo a la valoración que hace en cada caso, ha indicado.
Eso no significa limitar ni restringir las manifestaciones en el centro de la ciudad -ha asegurado- sino "ordenar" la autorización de sus recorridos, "caso por caso" y atendiendo a criterios que tienen que ver con la movilidad, el interés económico de la ciudad en su conjunto y el respeto al patrimonio histórico, según ha explicado la alcaldesa.
Ana Botella, que ha comenzado por expresar su "absoluta repulsa y condena" a los hechos ocurridos tras las 'Marchas de la dignidad' del pasado sábado, ha aportado la estimación del coste para el ayuntamiento de esa jornada, 655.000 euros, ha dicho, "que han salido del bolsillo de todos los contribuyentes".
Después de solidarizarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y expresar su apoyo personal a los empresarios cuyos negocios fueron agredidos, la alcaldesa ha declarado que "la capital de España no puede tolerar que el espacio público de todos, especialmente el centro de la capital, sea ocupado sistemáticamente".
Específicamente, ha dicho, "por los que han hecho de Madrid la diana de todas las manifestaciones, tomando como rehenes a los madrileños y a quienes nos visitan".
A su juicio, el derecho de manifestación consagrado en la Constitución "debe ser regulado de forma razonable" y como ejemplo ha puesto a Francia, que "regula escrupulosamente las medidas que refuerzan el mantenimiento del orden público, rechazando aquellas que supongan una amenaza grave para la seguridad, y preservando el centro de su capital".
MÁS DE 655.000 EUROS DE COSTE POR LAS MARCHAS DE LA DIGNIDAD
La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha señalado que el coste para las arcas municipales por las Marchas de la Dignidad del sábado asciende a más de 655.000 euros, como ha detallado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha señalado como culpables de esa "violencia extrema" desatada a "grupos radicales de izquierdas".
Botella ha detallado que el coste por daños en coches policiales y elementos viarios asciende a más de 166.000 euros. A esa cantidad habría que añadir el coste de los dispositivos de emergencias y seguridad, que llega a los 405.592 euros, y los 89.966 euros de limpieza.
"En total son más de 655.000 euros, que han salido de los bolsillos de todos los contribuyentes, y ya se anuncian nuevas manifestaciones", ha apostillado la alcaldesa.
CIFUENTES PIDE A BOTELLA QUE SUS POPUESTAS LLEGUEN "POR CAUCES LEGALES"
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha pedido a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que "sus propuestas mediáticas", como la instalación de más cámaras de videovigilancia en el centro de Madrid o la propuesta de limitación de manifestaciones en algunos puntos de la capital, le lleguen "por los cauces legales y no a través de los medios de comunicación".
Cifuentes ha señalado que ha tenido conocimiento hoy, a través de los medios de comunicación, de la propuesta de la alcaldesa de Madrid "para limitar el ejercicio del derecho de reunión y prohibir que se celebren manifestaciones en distintas zonas de la ciudad". "Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el derecho de reunión es un derecho fundamental que pueden ejercer todos los españoles que viven en todas las ciudades, y no sólo en Madrid", ha recordado la delegada. Además, ha explicado que este ejercicio no puede realizarse de manera diferente en una ciudad que en otra, "y no puede haber criterios distintos en función del lugar de residencia, porque se vulnerarían abiertamente los principios constitucionales de igualdad y de no discriminación".
Precisamente por ello, Cifuentes considera que la propuesta que hace Ana Botella podría requerir la modificación del artículo 21 de la Constitución, donde se establecen los criterios básicos para manifestarse, así como de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, "lo que requiere, en ambos casos, de mayorías cualificadas y de un amplio consenso a nivel estatal". "Así pues, por tratarse de un derecho fundamental de todos los españoles, por estar regulado en normas de ámbito nacional, y por exceder de las competencias de la Delegación del Gobierno en Madrid, la reunión que, al parecer, quiere celebrar Ana Botella para tratar su propuesta, debe realizarla, no con esta Delegación, sino, al menos, con los ministerios de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, y Educación y Cultura, así como con la Federación Española de Municipios", le ha transmitido a la alcaldesa.
En todo caso, la representante del Gobierno central en Madrid ha criticado que haya tenido conocimiento de ambas propuestas a través de los medios de comunicación, "ya que todavía oficialmente no ha recibido esta Delegación ningún documento ni llamada".
UPyD EXPRESA SU REPULSA Y CONDENA, IU CONSIDERA DE HUBO UNA MALA ACTUACIÓN POLICIAL Y EL PSOE QUIERE SABER QUÉ HA PASADO
IU y el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid han condenado con rotundidad los actos violentos perpetrados durante la Marcha de la Dignidad del sábado pasado aunque han coincidido en preguntarse si no hubo "descoordinación entre los mandos" e "intervención errónea" por parte de la Policía.
Así lo han manifestado los portavoces de ambos grupos al pronunciarse sobre una moción urgente registrada por UPyD para aprobar este jueves, en el Pleno del Ayuntamiento, una declaración institucional de condena por dichos sucesos violentos.
La propuesta de declaración de UPyD expresa la "repulsa y condena" de los "hechos violentos" y expresa su solidaridad con las personas afectadas, "especialmente con los miembros de los cuerpos y Fuerzas de Seguridad y sus familias".
Por IU, su portavoz, Ángel Pérez, ha dicho que su grupo está de acuerdo con el texto propuesto por UPyD para la declaración, aunque cree que no habrá acuerdo porque considera "impresentable lo que no se dice".
Pérez ha asegurado que deben estar "en el mismo plano y en el mismo nivel" tanto los heridos entre los manifestantes como en los cuerpos de seguridad, y ha añadido que "no puede haber una moción de urgencia si no dice expresamente que hubo una errónea intervención policial".
"La Policía está obligada a detectar y a reprimir a los violentos, a investigar para saber quiénes son y dónde están en cada momento", ha dicho Pérez, convencido de que "es una mala actuación policial no saber reprimir a los violentos".
Ángel Pérez ha lamentado la violencia y los heridos durante la marcha del sábado, tanto "los ciudadanos que fueron a manifestarse pacíficamente y se vieron agredidos por la policía" y los entre los miembros de las fuerza de seguridad, "mal dirigidos y con objetivos poco claros".
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha dicho que aunque su grupo deplora tales hechos violentos "habría que pactar" la declaración institucional propuesta teniendo en cuenta el lío generado por unos "alborotadores" cuyo número era inferior a los 1.700 policías desplegados. Lissavetzky ha dicho que su grupo no tiene una posición decidida ate la declaración, a la espera de "saber qué ha pasado".
"Somos los primeros en condenar la violencia", ha dicho el portavoz, aunque ha asegurado que "es necesario conocer si ha habido descoordinación una vez más entre los mandos y los cuerpos de Seguridad del Estado". También ha asegurado que si había un dispositivo preparado y si los sindicatos policiales piden dimisiones "es porque algo ha pasado".
El portavoz de UPyD, David Ortega, ha afirmado que el sábado coincidieron tres hechos, la manifestación como tal, la actuación de las fuerzas de Seguridad del Estado, quizás con posibles "errores y descoordinaciones", y unos "hechos vandálicos intolerables e inadmisibles que atacan los derechos fundamentales".
Ortega ha manifestado su esperanza de que UPyD espera que la declaración institucional "saldrá adelante" y ha añadido que su grupo considera "urgente que todos los grupos municipales condenen esos hechos vandálicos en los que fueron atacados personas y bienes".
En su opinión, lo sucedido en Madrid el sábado pasado "fue gravísimo, algo nunca visto en Madrid" y ha exigido que en este tipo de acciones no haya "ninguna tibieza ni dudas". Tras la moción de urgencia registrada este martes por UPyD, esta será votada de urgencia y de ser aprobada entonces se podra producir la declaración institucional.
