La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, solicitará al Gobierno que modifique la Ley de Haciendas Locales para que el pago de la plusvalía municipal en las ejecuciones hipotecarias recaiga en los bancos o en los futuros propietarios y no en los desahuciados.
Botella remitirá en los próximos días una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con esta petición, que pretende que tenga efectos retroactivos para que también puedan beneficiarse de ella las personas desahuciadas en los últimos meses, ha informado el Ayuntamiento.
La delegada madrileña de Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa, ha manifestado al respecto que "no es razonable que la Ley obligue al pago de la plusvalía municipal a quien se ve obligado a perder su vivienda por un proceso de ejecución hipotecaria o dación en pago".
En esa situación, ha indicado, "sus posibilidades económicas son mínimas" y esta carga "viene a agravar aún más la delicada situación de las familias que sufren este penoso trance".
En un comunicado, el Gobierno municipal de Ana Botella ha defendido su decisión de "dar un paso al frente ante esta situación y tomar la iniciativa para instar al Estado a que se consideren estas operaciones de ejecución hipotecaria como no sujetas al impuesto sobre la plusvalía municipal".
El Ayuntamiento de Madrid precisa que su propuesta se limita a la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, por ser el bien constitucionalmente protegido.
Añade que su propuesta no implica que la operación quede sin tributar por completo sino que se demore el pago del impuesto hasta una posterior transmisión, en la que se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada del desahucio.
En definitiva, el número de años de posesión que se tendría en cuenta para la siguiente transmisión, que sería realizada no por la persona desahuciada sino por el que adquiere el inmueble en dicho proceso, que en la mayoría de los casos es la entidad financiera titular del crédito hipotecario, no se contaría de nuevo.
El resultado en la práctica de aplicar esta fórmula es que la plusvalía municipal de la persona desahuciada sería abonada por la entidad financiera en el momento de la posterior transmisión del inmueble.
El concepto al que se acoge el Ayuntamiento para solicitar este sistema es que quien de verdad denota capacidad económica en esos supuestos es el que adquiere la vivienda, bien sea la entidad financiera, bien el adjudicatario final del inmueble en la subasta correspondiente.
En consecuencia, considera Dancausa, "es razonable liberar a quien sufre esta ejecución hipotecaria de la obligación de pago de la plusvalía municipal, para que sean los adjudicatarios del inmueble quienes deban tributar finalmente por este impuesto".
La responsable municipal de Hacienda ha señalado que la incidencia de esta medida sería prácticamente inapreciable en el presupuesto municipal, primero porque, dado su carácter extraordinario, no se recoge en las previsiones de ingresos y, segundo, porque las probabilidades de éxito en el cobro de este tipo de contribuyentes es prácticamente inexistente.
Dancausa ha recordado que el Ayuntamiento está trabajando también con la Administración Central para que los cambios de titularidad catastral derivados de ejecuciones hipotecarias se realicen lo más rápido posible y evitar cobros indebidos a estas personas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la Tasa de Basuras.
