La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy el plan SER+Verde que se encargará de resolver incidencias urgentes relacionadas con los problemas producidos con el arbolado y tendrá un plazo de cuatro años para su creación.
Este plan contará con un gasto de más de 30,6 millones de euros para revisar todos los árboles con edad relativa "madura, vieja o decrépita", que están incluidos dentro de los inventarios municipales, y que asciende a los 545.000 ejemplares.
Así lo han indicado tras la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en la que han comparecido la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre; la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.
Sabanés ha indicado que "hasta el momento" no existía ninguna "estrategia continuada" sobre la prevención del arbolado y ha asegurado que esta medida "no tiene nada ver" con los actuales contratos de limpieza, ni se "solapará" con las competencias del Cuerpo de Bomberos o el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR).
Se actuará de "forma coordinada" con ellos y con otros servicios de los municipios como la Policía Nacional, SAMUR o Protección civil.
Según ha indicado el Ayuntamiento este plan tiene como objetivo revisar los árboles "varias veces a lo largo de tres años", según la frecuencia que consideren los inspectores, para recalificar su estado.
Han indicado que la tarea de recalificación será realizada por las brigadas de técnicos y operarios especialistas que "están disponibles las veinticuatro horas del día, todo el año, fines de semana y festivos incluidos".
La delegada de Medio Ambiente ha indicado que este plan no actuará sobre los alcorques ya que este plan tiene una "función preventiva" vinculado con las replantaciones.
Asimismo, se ha establecido que, cuando se registren incidencias que puedan suponer un "riesgo" para la ciudadanía por motivos de seguridad y los Cuerpos de Bomberos no atiendan esta petición, el tiempo máximo de respuesta será de 45 minutos desde que se produzca el aviso hasta la llegada del equipo en la primera intervención.
El plazo de ejecución del contrato es de cuatro años -con una posible prórroga por un plazo máximo de 2 años- y su inicio está previsto para el 1 de febrero del 2018, con un importe anual de 6,4 millones de euros.
