El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad han avanzado hoy en los detalles de la firma del convenio para desmantelar el sector 6 de la Cañada Real Galiana y realojar a las casi 3.000 familias que habitan en la zona más degradada del asentamiento.
El encuentro, en el que han estado presentes el consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, el consejero de Transportes, Pedro Rollán, el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Publico-Social, Nacho Murgui, y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Marta Higueras, se ha desarrollado en el marco del Pacto Regional suscrito el 17 de mayo pasado por el Gobierno regional y los municipios de Madrid, Rivas, y Coslada.
"Esta primera fase de realojo va a ser el modelo y el piloto para el resto de convenios que vayamos firmando Ayuntamiento y Comunidad de Madrid", ha subrayado Garrido tras la reunión, en la que se ha detallado el procedimiento y los requisitos para poder llevarlo a cabo.
Según ha explicado Murgui, ambas administraciones se han dado un plazo de dos semanas para tener un texto definitivo e ir "limando detalles", como a quien compete cada tarea para llevar a cabo el realojo de esas familias, en función de los recursos de los que disponen el Consistorio madrileño y la Comunidad.
Este acuerdo plantea medidas en materia social, sanitaria, educativa y laboral para mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas que viven en esta zona de Madrid.
Además, contempla el desmantelamiento en un periodo máximo de dos años del llamado sector 6, situado en el término municipal de Madrid mediante un convenio de colaboración entre las administraciones que regule las condiciones de ese desmantelamiento.
Murgui ha señalado que "hay sintonía" entre el Ayuntamiento y la Comunidad tras varios meses de trabajo "conjunto", a través de comisionados municipales y de la Comunidad, que garantiza que el proyecto saldrá adelante, a pesar de que se trata de un proceso "complejo" y un plazo "muy exigente".
Desde el Ayuntamiento han apuntado que la prioridad es el realojo "urgente" de 150 familias que viven en una zona sin asfaltar del sector 6, que se encuentra en situación de vulnerabilidad extrema y en situación de exclusión severa, y que se lleve a cabo de forma "dispersa" para no dar lugar a "guetos".
Para poder dar una alternativa habitacional a estas familias deberán cumplir unos requisitos mínimos como residir en la zona al menos a 31 de diciembre de 2011, tener la mayoría de edad y plena capacidad de obrar, así como no ser titular de otra vivienda. Se tendrán en cuenta también la cuantía de ingresos del solicitante.
El Pacto pretende poner fin a un problema que arrastra la región desde hace más de 50 años, que afecta a las 7.300 personas que viven a lo largo de los 14 kilómetros de la Cañada Real y que presenta diferentes problemáticas que, durante décadas, han supuesto un desafío para los gobiernos de la Comunidad y para los ayuntamientos.
