La Audiencia Nacional ha admitido a trámite un recurso presentado en enero por el Partido Socialista de Madrid contra la resolución del Ministerio de Sanidad, de diciembre de 2014, sobre priorizacion en el uso de antivirales hepatitis C.
Se trata de uno de los dos recursos contencioso-administrativos que el 12 de enero presentó el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ante la falta de garantía por parte del Gobierno de tratamientos para todos los afectados por la hepatitis C.
"UN ACUERDO QUE PERJUDICA A LOS PACIENTES"
En un decreto fechado el pasado día 9, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia requiere al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los expedientes administrativos relativos a la impugnación.
Con su iniciativa, el PSM recurre la aprobación del Informe de Posicionamiento Terapeútico (estrategia terapéutica) acordado por la Comisión de Farmacia y el Consejo Interterritorial de Sanidad el 5 de diciembre pasado "por estar también completamente al margen de la evidencia científica".
Según el PSM, este acuerdo perjudica "a los pacientes creando barreras en el uso de los nuevos fármacos cuya eficacia está totalmente demostrada y cuyo uso está recomendado en las guías de práctica clínica en Europa y EE.UU".
Dichas barreras afectan a juicio de los socialistas madrileños "especialmente a los pacientes trasplantados que no podrán ser tratados con interferón a menos que se encuentren en una situación que comprometa la vida a corto plazo y también estableciendo limitaciones para el uso de los fármacos en pacientes con fibrosis avanzada".
El otro recurso presentado el 12 de enero por el PSM tienen que ver con un acuerdo de la Agencia Española del Medicamento, del 18 noviembre de 2014, que aprueba el "Informe de Posicionamiento Terapeútico" (validación del fármaco denominado Solvaldi) "por contener conclusiones obsoletas, extraordinariamente restrictivas superadas por la evidencia científica actual".
Como explicó entonces Gómez, los recursos forman parte de una batería de acciones judiciales que el PSM anunció el 4 de enero y que incluyen una querella contra el Gobierno y el Ministerio de Sanidad si el Consejo de Ministros no asegura el nuevo medicamento para los pacientes de hepatitis C que lo precisen.
"UNA CRISIS SANITARIA IMPORTANTE"
Según el político socialista, hay "una crisis sanitaria importante" en lo referente a los enfermos de hepatitis C. Unos días después, el 25 de enero, Gómez, candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, presentó un plan de actuación para garantizar el tratamiento que necesitan los pacientes en la región.
QUERELLA CONTRA MATO Y ALONSO
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C (PLAFHC) presentará este viernes 13 de febrero su querella criminal ante el Tribunal Supremo (TS) contra el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y su antecesora en el cargo Ana Mato, por restringir el acceso a los medicamentos de última generación que se han aprobado en España contra esta enfermedad y "dejar morir" a miles de pacientes.
Los afectados acusan a ambos dirigentes de "omisión del deber de socorro" ya que, desde que en enero de 2014 la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) diera el visto bueno a uno de estos fármacos, el sofosbuvir -comercializado por Gilead como Sovald'- se han producido más de 4.000 fallecimientos de pacientes que se podrían haber beneficiado de su uso mientras otros muchos han visto cómo se agravaba su enfermedad.
La querella, que inicialmente iba a registrarse el pasado 12 de enero, fue aplazada para no coincidir con el recurso contencioso administrativo que registraba ese mismo día el Partido Socialista de Madrid (PSM) ante la Audiencia Nacional, que ha sido admitido a trámite este martes.
Desde entonces, la plataforma lleva registrando casos de pacientes a los que se ha prescrito alguno de estos medicamentos y siguen sin recibirlo, lo que está provocando un agravamiento de su enfermedad e incluso la muerte.
En la querella, según ha explicado el presidente de la plataforma, Mario Cortés, en declaraciones a Europa Press, incluirán una veintena de casos entre los que hay tres fallecimientos que, a su juicio, deben considerarse como "presuntos homicidios".
