La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación del incendio ocurrido el 26 de octubre de 2012 en un túnel de la M30 en el que murieron un ingeniero y el encargado general del área de mantenimiento.
En un auto, los magistrados de la Sección 15 de la Audiencia madrileña estiman parcialmente el recurso presentado por el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid contra el auto de archivo de las actuaciones del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. La Audiencia Provincial acuerda que continúe la instrucción al considerar que hay indicios de un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El ingeniero responsable de mantenimiento, Sergio Martínez Pérez, y su subordinado, Gregorio Camacho Díaz, perdieron la vida por inhalación de gases tóxicos cuando accedieron al lugar donde se produjo el incendio en una zona de baterías que forman parte del sistema eléctrico de emergencia de la M30.
La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones el 28 de marzo de 2013 al entender que no quedaba acreditado que los hechos fueran constitutivos de delito. El grupo socialista en el Ayuntamiento de la capital recurrió la decisión por considerar que existen indicios de que se ha podido cometer un delito contra los derechos de los trabajadores.
Los magistrados de la Audiencia madrileña citan en el auto un informe de la Inspección de Trabajo, que introduce "nuevos elementos indiciarios" que permiten continuar la instrucción por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha valorado la decisión judicial que ordena reabrir la causa penal y ha considerado "necesario" que se aclare "todo" lo que ocurrió aquel 26 de octubre de 2012 y se depuren responsabilidades.
En una nota remitida a Efe, Lissavetzky sostiene que los madrileños necesitan tener la certeza de que su seguridad no depende de la mejora de la cuenta de resultados de una empresa ni de la falta de diligencia del Ayuntamiento de Madrid en sus obligaciones de supervisión y control.
"La seguridad en Madrid y de sus gentes no es negociable, tiene que estar garantizada de la mejor manera en todo momento", afirma en el escrito en el que subraya que en el caso de la M30, el correcto mantenimiento de la infraestructura y sus instalaciones debe asegurar la circulación por esta vía en condiciones de seguridad óptimas.
