El pleno de la Asamblea de Madrid previsiblemente aprobará este jueves la Ley para la desafectación de los terrenos de la Cañada Real Galiana a su paso por los municipios de Rivas Vaciamadrid, Coslada y Madrid en una sesión que estará marcada por la vuelta de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tras su operación de cáncer de mama.
La sesión comenzará con las preguntas a la presidenta Aguirre, que tras unos días de ausencia tras haber sido operada de un bulto en el pecho contestará a los Grupos Parlamentarios en la penúltima sesión de control al Gobierno de la legislatura.
En esta ocasión, Aguirre hablará, a petición del PSOE, de las políticas de igualdad de género que ha impulsado la Comunidad de Madrid, y de contaminación, gracias a la pregunta de IU. El portavoz del PP, David Pérez,por su parte, preguntará a la presidenta por el objetivo de déficit presupuestario fijado para las comunidades autónomas.
No obstante, el tema más polémico de la sesión llegará con el debate de la Ley para la desafectación de la Cañada Real Galiana, que se aprobará un año y medio después de que los 'populares' presentaran su proyecto de Ley para solventar la situación de la vía pecuaria.
El texto, que previsiblemente se apruebe con la oposición de PSOE e IU, que se oponen a la existencia de un plazo de dos años para dar solución de los problemas de la zona, establece que tras la desafectación los terrenos tendrán consideración de "bienes patrimoniales" de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad podrá enajenar los terrenos desafectados, cederlos a los ayuntamientos en cuyo término municipal se encuentren o a terceros, permutarlos o llevar a cabo cualquier otro negocio jurídico permitido por la Ley de Patrimonio de la Comunidad, pero antes será necesario que, en el plazo de dos años, las administraciones implicadas hayan alcanzado el acuerdo marco de contenido social y que los ayuntamientos después del acuerdo hayan adaptado la clasificación del suelo, en el plazo de dos años.
Éste es el mayor escollo para que la ley se apruebe con el apoyo de todos los grupos, ya que PSOE e IU se oponen al plazo establecido porque consideran que "es imposible" solventar los problemas en el plazo que fija la ley. De momento, PP ha afirmado que está abierto a modificar el plazo pero no a quitarlo.
