El que fue vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigado como "responsable del desarrollo económico y contractual de la sociedad" Campus de la Justicia de Madrid, un proyecto inacabado que tuvo un coste superior a los 355,5 milllones de euros y en el que se han detectado numerosas irregularidades.
A Prada se le imputan delitos de malversacion, prevaricación y tráfico de influencias. El juez le pide explicaciones por los más de 100 millones gastados en este proyecto sin justificación.
Esta declaración es la primera que se producen en la investigación de las irregularidades detectadas en el proyecto por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en un informe que motivó la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, por una parte, en relación a la contratación efectuada durante el periodo en que Prada presidía el consejo y, por otra parte, sobre la disposición de fondos del Campus de la Justicia.
El caos de la empresa
En el auto con el que les cita a declarar, el juez José De La Mata explica el "caos" que era esta empresa pública ya desde su propia organización: "No seguía ningún criterio de racionalidad económico ni organizativo y presentaba un claro desequilibrio que se manifestaba en la existencia de un potente ámbito de personal directivo y una infraestructura de personal administrativo sumamente débil".
Indica en este sentido que "todos los puestos de trabajo de la sociedad se cubrieron por personas de confianza de los gestores políticos del proyecto y, en algunos casos, vinculados a intereses privados" y además, "no se contó prácticamente con ningún contrato de trabajo, ni siquiera con una relación fiable de trabajadores" y tampoco aparecen los expedientes completos de despidos que llegaron a acabar judicializados.
Licitaciones irregulares
Sobre los contratos, el juez llama la atención sobre el de gestión integrada del proyecto y la construcción de la urbanización y edificación de la Fase 1 del Campus de la Justicia en 2007. Dice que "no se realizó un detallado estudio y justificación de la necesidad", en algún caso no hay pliegos y "prácticamente todas las licitaciones" se han basado en criterios imprecisos que después completaban los licitadores.
Destaca que Isabelino Baños hizo el informe de valoración de las ofertas, formó parte de la Mesa de Contratación y se encargó de supervisar la correcta ejecución del contrato, aunque había trabajado para la empresa que resultó adjudicataria hasta al menos, 2004, por lo que lo "razonable" hubiera sido que con esos antecedentes, se le hubiese apartado de la adjudicación, conforme expone el juez.
La Visa de Prada
Asimismo, apunta otras irregularidades por "defectos relevantes de tramitación, en contratación ajena al objeto social de la entidad, o en ausencia de documentación que justifique, bien la existencia de expediente para la contratación, bien la causa de los pagos efectuados".
En cuanto a los gastos, De la Mata hace referencia a las retiradas de efectivo o el uso de una tarjeta Visa Platinum que habría tenido el propio Alfredo Prada a su disposición según la denuncia de Anticorrupción y de la que falta información y documentación básica de cobertura de los movimientos. La cuantía de los desembolsos asciende, al menos, a 15.647,20 euros.
También se menciona que CJM abonó un máster por 38.050 euros a un trabajador que había contratado, el subdirector técnico de la entidad, Mariano José Sanz Piñar; y numerosas retiradas de efectivo en la caja de bancos muchas retiradas en efectivo por cantidades que van desde los 1.300 hasta los 5.300 euros. Prada, conforme explicaba la denuncia de Fiscalía, tenía firma autorizada en tanto que presidente del consejo de Administración.
