El Ayuntamiento de Alcorcón ha presentado hoy en el juzgado contencioso-administrativo 19 de Madrid una demanda contra el protocolo anticontaminación puesto en marcha en febrero de 2016 por el Ayuntamiento de Madrid, por entender que podría vulnerar el derecho a la libre circulación de los ciudadanos.
El Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid) aprobó el pasado 21 de enero endurecer las restricciones al tráfico en episodios de alta contaminación con un nuevo protocolo que rebajaba los niveles de polución a partir de los cuales se limita la velocidad, el aparcamiento, o incluso el acceso de los coches al centro.
El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), ya advirtió en su momento a su homóloga en Madrid, Manuela Carmena, de que contestaría "con una demanda ante los tribunales" al entender que el protocolo podría vulnerar el derecho a circular libremente por el territorio nacional, "recogido en los artículos 19 y 139 de la Constitución".
El regidor del municipio madrileño se quejó "especialmente" del escenario 4, el más grave, que ampliaría la restricción de circulación a la M-30 además de a la almendra central y a todo el parque municipal menos el de servicios públicos si se declara el nivel de "alerta" o se viven tres días seguidos de "prealerta".
Alcorcón está conectada con la capital a través de la A-5, que cruza la M-40 y desemboca en la M-30, vía afectada por las restricciones al tráfico que podría imponerse en los peores escenarios contemplados ante altos niveles de polución.
Por ello, Pérez solicitó a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento un informe acerca de "la procedencia de la impugnación" de dicho protocolo, con especial atención a los escenarios 3 y 4, que se refieren a la suspensión del tráfico con 2 y 3 días consecutivos de superación del nivel de alerta de contaminación.
Desde el Consistorio entienden que las medidas contenidas en el protocolo actual de contaminación "originan un exceso no querido por la normativa a la hora de generalizar la restricción de la circulación a todos los vehículos sin que se discrimine a los vehículos más contaminantes".
El Ayuntamiento también expone en su denuncia que la M-30, antigua carretera con titularidad estatal, "goza actualmente de la condición de carretera integrada en la red autonómica de carreteras" y que "es dudoso que una institución local pueda adoptar decisiones de modo unilateral, sin contar con el consentimiento del titular".
Por ello, desde el Consistorio han asegurado que si finalmente el Ayuntamiento de Madrid aplicara la decisión de cerrar al tráfico de vehículos el acceso a la capital, "los perjuicios económicos de esta medida conllevaría ser indemnizadas por la Administración pública que la llevara a cabo".
"Cualquier persona o grupo de personas podría y estaría en su derecho de denunciarlo y pedir una indemnización por daño efectivo evaluable económicamente, como ya ha sucedido en otras localidades de España, como Burgos", se ha insistido desde el Ayuntamiento.
El alcalde de Alcorcón ha señalado hoy que "en ningún momento" nadie del Ayuntamiento de Madrid se ha puesto en contacto con ellos "para evitar llegar a los tribunales".
"No estoy dispuesto a que la alcaldesa de la capital vulnere el derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos de poder circular libremente por las carreteras madrileñas", ha recalcado Pérez, quien cree que el cierre de estos accesos "causaría el llamado 'efecto frontera' con las localidades limítrofes".
