Los alcaldes de Ambite, Morata de Tajuña y Orusco de Tajuña, en el sureste madrileño, se han reunido en representación de toda la comarca con la Confederación Hidrográfica del Tajo para “solicitar una mayor comunicación” entre las administraciones, especialmente de cara a situaciones “excepcionales” como las crecidas e inundaciones sucedidas en Semana Santa.
Estos alcaldes, que hablan en nombre de los primeros ediles de Carabaña, Chinchón, Perales de Tajuña, Tielmes y Titulcia, han sido recibidos por el presidente del Organismo, Antonio Yañez, para trasladarle las reclamaciones que ya le anunciaron en su carta del 11 de abril pasado, en la que denunciaban la “falta de comunicación” de la Confederación ante el desbordamiento del Tajuña debido a la salida del caudal del embalse de La Tajera.
La queja surge a raíz de que a finales de marzo la Confederación abriese las compuertas de ese embalse ante las fuertes lluvias registradas, pero “no dijeran nada” ni a los Consistorios ni a las asociaciones de regantes, han explicado a Efe fuentes de los Ayuntamientos afectados.
Ello provocó que haya zonas de la Vega que están “inundadísimas” porque “ha desbordado el río en numerosos puntos”, mientras que los Consistorios “no pudieron alertar ni a Protección Civil ni a nadie”, porque no sabían que la Confederación daría ese paso, lo que ha supuesto “una situación bastante peligrosa”.
Ahora los alcaldes reconocen que “se actuó correctamente” para dar salida al agua, ya que de no hacerlo se hubiese producido una situación de peligro; pero consideran que “causó alarma entre la población” y que no se informó debidamente a los municipios afectados, para que pudieran tomar medidas preventivas.
Por otro lado, los alcaldes de Ambite, Morata y Orusco, Apolonio Alcaide, Fernando Villalaín y Vanesa Gracia, respectivamente, han solicitado a la Confederación “una mayor limpieza del cauce del río, aunque siempre respetándo el ecosistema fluvial”.
El presidente, por su parte, les ha informado del nuevo sistema de peticiones a través de declaraciones responsables con un plazo de ejecución de hasta un año, que se comenzará a implementar en las próximas semanas, y con el que se espera "agilizar las peticiones", tanto de los ayuntamientos como de los particulares