La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha considerado que la "inmensa mayoría" de los madrileños están de acuerdo con la decisión de subir la jornada a los empleados públicos regionales ya que ha sido una medida impulsada por la "ética" y la "justicia", aunque la oposición lo llame "recortes". Aguirre se ha referido de este modo tras el Consejo de Gobierno a las medidas incluidas en la Ley de Acompañamiento que incrementarán la jornada laboral de todos los empleados públicos de 35 a 37,5 horas y que solo recibirán el 60% del salario en las bajas por enfermedad de 4 a 15 días.
La presidenta regional ha explicado que "lo único" que ha hecho el Gobierno regional ha sido "quitar los privilegios" que tienen los empleados públicos regionales, que hasta ahora recibían el sueldo íntegro desde el primer día de baja, ya que el Ejecutivo regional complementaba la aportación de la Seguridad Social, que es asciende al 60 por ciento del sueldo.
Desde ahora los funcionarios de la Comunidad tendrán "el mismo trato" que los poderes públicos "han decidido dispensar a todos los españoles", ha señalado Aguire. "Es algo -ha declarado- que probablemente no guste a mucha gente, pero a al inmensa mayoría de os madrileños les parece de justicia y por eso la aplicamos".
Respecto a la diferencia que esta situación creará con los funcionarios del Ayuntamiento Madrid, que sí mantienen este privilegio, ha indicado que ellos "dependen de su alcaldesa" y sobre esa cuestión no va a opinar.
La sindicatos, la oposición y algunos medios de comunicación hablan de "recortes" cuando la Comunidad, ha reiterado, "no ha hecho ningún recorte" porque los interinos que no se contraten a raíz de este incremento de horas, no son funcionarios de carrera sino "alguien que entró a dedo y que no preparo las oposiciones".
Ha añadido que "probablemente son personas prepraradísimas y estupendas, que están sacando adelante el trabajo", pero no son funcionarios.
Respecto al conflicto con la enseñanza secundaria ha reiterado que se contratara profesores cuando sea necesario, y ha explicado que todos los servicios, como el de la sanidad, "van a estar cubiertos", porque el "compromiso" del Gobierno regional es que sea un servicio "universal, gratuito y de la máxima calidad".
LA COMUNIDAD DE MADRID RECURRE EL DESARROLLO DE LA LEY DEL SUELO ESTATAL POR "INVASIÓN DE COMPETENCIAS"
Por otra parte, la Comunidad de Madrid presentará un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo estatal, aprobada por el último Gobierno socialista.
El Ejecutivo de Esperanza Aguirre considera que el texto "invade las competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda".
El Gobierno regional recurre así el real decreto que desarrolla el articulado de una iniciativa estatal ya impugnada en 2007 ante el Tribunal Constitucional, explicó este jueves en una nota.
En opinión de la Comunidad de Madrid, la norma estatal "ha distorsionado gravemente el mercado del suelo y, lo que es más negativo, ha contribuido a ahondar la crisis del sector inmobiliario".
LA COMUNIDAD DE MADRID SANCIONARÁ CON HASTA 600.000 EUROS LA FALTA DE TRANSPARENCIA EN LA FIRMA DE HIPOTECAS
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este jueves el proyecto de Ley para la Protección de los Consumidores Mediante el Fomento de la Transparencia en la Contratación Hipotecaria. Según informó el Gobierno de Esperanza Aguirre, con esta nueva Ley se garantiza la transparencia de la información que las empresas y entidades de crédito deben facilitar a consumidor y avalistas en la contratación de créditos y préstamos con garantía hipotecaria que se celebren en la región.
La ley contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones especificadas sobre el procedimiento de contratación, así como en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual.
Estas sanciones pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, en cuyo caso podrían alcanzar los 600.000 euros.
"El objetivo de esta Ley es garantizar un derecho básico a los consumiores como es la información, sobre todo en un caso como el de los préstamos y créditos hipotecarios", explicaron desde la Comunidad.
El anteproyecto de Ley contempla que los consumidores deberán disponer previamente a la firma del contrato de la información necesaria para su correcta comprensión.
Por este motivo, se exige a las empresas o entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta vinculante, faciliten por escrito al consumidor una información "especialmente detallada" en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito a percibir, el importe total estimativo a satisfacer por dicho préstamo, así como las obligaciones que el consumidor contraerá en caso de la formalización del contrato.
Tras las tasaciones del bien hipotecado y, en su caso, de las oportunas comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las entidades financieras deberán efectuar una oferta vinculante que deberán hacer llegar al consumidor en los mismos términos que la información previa a dicha oferta. Además, una vez que acepte la oferta vinculante, la Ley garantiza al consumidor el derecho a examinar el proyecto de documento contractual con una antelación mínima de tres días hábiles anteriores a la firma de la escritura pública en el despacho del notario.
