La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre deberá declarar por escrito como testigo en el caso Gürtel el 17 de diciembre en el despacho "preferentemente profesional" que ella designe, en presencia del secretario judicial, sin consultar documento alguno, ni comunicarse con terceros.
Así lo ha acordado en una providencia el juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, que emplaza a Aguirre a responder a las preguntas de las partes personadas en la causa ese día a partir de las 10.00 horas, después de que la expresidenta se acogiera a su derecho a declarar por escrito.
Pese a la prohibición de comunicar con terceros, el juez permite a Aguirre "estar asistida de otra persona, ajena al ejercicio profesional del derecho, a los únicos efectos de poder proceder a la transcripción de las respuestas que la testigo diera a las preguntas que se le formulen".
OPOSICIÓND E LA FISCALÍA
La Fiscalía se opuso a esta citación, pero Ruz la creyó "útil e idónea" para aclarar las manifestaciones que la expresidenta realizó ante distintos medios de comunicación sobre la prohibición que habría efectuado al exconsejero regional e imputado en la causa, Alberto López Viejo, de contratar con Easy Concept, una de las empresas de la trama Gürtel.
El juez precisaba no obstante que citaba como testigo a Aguirre pese a que de las diligencias practicadas no resultara hasta ahora indicio alguno de participación o consentimiento por su parte "en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid".
En la providencia notificada hoy, Ruz establece que, después de que el secretario judicial aperciba "a la testigo de la obligación que tiene de ser veraz y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio", se le dará traslado del pliego de preguntas presentado por las distintas partes personadas en la causa.
Todo ello, sin que se le permita "acceder con anterioridad" a esas preguntas, que han sido formuladas entre otros por la Fiscalía, la acusación que ejerce el PSOE y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) e imputados en la causa, como el considerado número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo.
NO SE PODRÁN CONSULTAR DOCUMENTOS
Tampoco se le permitirá a la testigo "consultar documento alguno, salvo algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar".
Según sostiene Ruz, el exviceconsejero madrileño de Presidencia López Viejo habría recibido "cuantiosos pagos" del entorno de la trama liderada por el supuesto cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, "como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid".
De hecho, entre los múltiples documentos de Easy Concept que obran en la causa y que han sido notificados recientemente a las partes, aparece que esta empresa infló más del doble el coste de la toma de posesión de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en 2007, al igual que hizo con otros actos institucionales del gobierno regional.
Según ese documento, denominado "hoja de costes" y fechado los días "20 y 21 de junio de 2007 en el Edificio del Reloj de la Puerta del Sol", sede de la Comunidad de Madrid, el coste de la organización del acto de toma de posesión fue de 46.410 euros, mientras que lo facturado se elevó a 96.764 euros, por lo que el beneficio superó los 50.000 euros.
La Fiscalía Anticorrupción, tras previa consulta del juez, propuso que la toma de declaración se produjera en las condiciones ahora acordadas por Ruz, de carácter similar a las que adoptó el juez José Castro para la toma de declaración como testigo y por escrito del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps en el caso Nóos, aunque finalmente no se realizó por no haber podido ser localizado.
