Acusados del caso Lezo piden la absolución y alegan que Gallardón negó que causaran perjuicios
- Las operaciones del Canal de Isabel II en Colombia pudieron suponer un sobreprecio de hasta 29 millones con cargo a fondos públicos, señala el fiscal
- Los abogados mantienen que no se ha probado que se cometiera malversación y alegan la prescripción por el tiempo transcurrido
Abogados de acusados de la trama Lezo relacionada con el PP han pedido en el juicio su absolución y han alegado que testigos como el expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón dijeron que la operación de Canal de Isabel II en Colombia de 2001 no causó perjuicios a la Administración pública.
La Audiencia Nacional ha reanudado este martes la vista de la primera pieza del caso Lezo, seguida por la compra en 2001 por la empresa pública madrileña Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares.
A juicio de la Fiscalía Anticorrupción la misma se ejecutó de forma irregular con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos y "en beneficio exclusivo de los vendedores".
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En el banquillo se sientan 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en 2001 formaban parte, junto con otros nueve procesados, del Consejo de Administración de Canal de Isabel II -el primero como presidente de esta entidad-, y también se sientan en el banquillo tres excargos de esta empresa.
Todos ellos se enfrentan a una petición de la fiscal de cuatro años y medio de prisión por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Este martes han comenzado a emitir sus informes finales los letrados defensores, que han pedido la absolución de los acusados al estimar que no se ha probado que cometieran el delito referido y además han alegado la prescripción del mismo por el tiempo transcurrido.
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En concreto han intervenido las defensas de cinco acusados que según explica la fiscal en sus conclusiones habían sido ejecutivos de la sociedad Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR), a través de la cual se vincularon profesionalmente con la sociedad colombiana Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (Triple A), que era el principal activo de INASSA cuando tuvo lugar la operación.
Según la fiscal estos cinco acusados se repartieron más de nueve millones de euros fruto de la operación mientras que del resto del precio pagado se desconoce cuál fue su destino final.
Javier Gilsanz, abogado de uno de estos acusados, el exgerente de Triple A Francisco O.F., ha alegado que "lejos dañar al servicio público de abastecimiento de agua de Canal de Isabel II la operación fue beneficiosa para la Comunidad de Madrid tal como dijeron varios testigos, incluso Alberto Ruiz-Gallardón".
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Y ha estimado que la acusación está basada en "meras sospechas y conjeturas" sin que se haya acreditado que hubiera un sobreprecio y ha asegurado que el dinero que su representado recibió de la operación no era una comisión sino el beneficio por ser un accionista indirecto de la parte vendedora pero sin capacidad decisoria por su condición de minoritario.
