Los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro celebrarán una cumbre extraordinaria el próximo 11 de marzo en Bruselas para avanzar en las medidas contra la crisis de la deuda, según anunció este miércoles el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
"He invitado a los jefes de Estado y Gobierno para una cumbre en Bruselas en la tarde del 11 de marzo", comunicó Van Rompuy en un mensaje en su cuenta de Twitter.
Fuentes diplomáticas indicaron que el anuncio se produjo tras lograr un acuerdo con los líderes de los 17 países que comparten el euro, aunque Van Rompuy enviará una carta formal de invitación más adelante.
La fecha del 11 de marzo debería permitir la asistencia del nuevo primer ministro irlandés que debe salir de las elecciones del 25 de febrero.
Además, durante el mes que resta se prevé que haya tiempo suficiente para que los técnicos de los Veintisiete cierren todos los flecos pendientes con vistas a aprobar un acuerdo durante la siguiente cumbre de la UE, los días 24 y 25 del mismo mes.
Dentro del conjunto de medidas que se discutirán se encuentra el endurecimiento de la disciplina fiscal, la nueva ronda de exámenes de solvencia a la banca y el refuerzo del fondo de rescate de la zona euro, creado en mayo pasado para socorrer a los países con problemas de solvencia.
La reunión informal fue convocada a petición de Francia y Alemania, que también quieren avanzar en el compromiso alcanzado por los Veintisiete en la reunión de la semana pasada para poner en marcha un "pacto de competitividad". Sin embargo, la propia canciller alemana, Angela Merkel, reconoció el pasado lunes las dificultades de alcanzar un acuerdo debido a las divergencias de opinión entre los estados de la zona euro sobre muchos aspectos de ese plan.
Antes del Consejo Europeo del viernes de la semana pasada, Berlín difundió un documento con seis puntos para reforzar la competitividad en la UE como condición para aceptar un aumento de la cuantía del fondo de rescate, así como una ampliación de sus usos.
Los seis puntos son: la prohibición de ligar las subidas salariales a la inflación, la inclusión de límites de deuda y déficit en las Constituciones nacionales, el reconocimiento mutuo de títulos para favorecer la movilidad laboral, el aumento de la edad de jubilación, la armonización del impuesto de sociedades y el establecimiento de mecanismos de resolución de crisis bancarias.
Varios países comunitarios, entre ellos Bélgica, Luxemburgo, Austria o España, han mostrado su oposición a la exigencia de vincular los salarios a la productividad, mientras que es conocida la oposición irlandesa a elevar el impuesto de sociedades.
