La muerte de al menos 33 internos en una prisión del norte de Brasil agravó la crisis carcelaria que vive el país, donde se han registrado al menos 95 asesinatos en presidios en los primeros seis días del año.
La nueva masacre se produjo esta madrugada local en una cárcel de Boa Vista, capital del estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, en un supuesto ajuste de cuentas interno entre integrantes de la facción Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor de Brasil, según explicó el ministro federal de Justicia, Alexandre de Moraes.
El secretario de Justicia y Ciudadanía de Roraima, Uziel Castro, por su parte, entró en contradicción: confirmó inicialmente que la reyerta fue "interna", pero posteriormente precisó que el PCC fue quien comandó el asesinato y que los muertos no pertenecían a ninguna organización criminal.
La Penitenciaria Agrícola de Monte Cristo (PAMC), la mayor de Roraima, ya había sido escenario de una matanza el pasado octubre, cuando diez presos murieron tras un enfrentamiento entre el PCC y el Comando Vermelho (CV), la segunda organización criminal del país con base en Río de Janeiro.
Tras la reyerta, las autoridades separaron a los integrantes de ambos clanes, que rompieron sus lazos en 2016 tras un pacto de no agresión que funcionó durante años.
Castro señaló que, tras el incidente de octubre, el Gobierno regional solicitó con "urgencia" ayuda al Ejecutivo federal para contar con el refuerzo de la Fuerza Nacional de Seguridad a fin de controlar las prisiones, pero le fue denegada por el Ministerio de Justicia.
El secretario, al igual que el titular de Justicia, descartó que las muertes en Boa Vista hayan sido una venganza tras el asesinato de 56 reos, muchos de ellos del PCC, entre el 1 y el 2 de enero en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj) de Manaos, en el estado de Amazonas.
Según las primeras investigaciones, los asesinatos en Manaos fueron comandados por la facción Familia do Norte (FDN), aliada del CV, y su objetivo era diezmar al PCC, con gran poder en Sao Paulo.
Tras la tragedia en Boa Vista, la tercera mayor de la historia carcelaria del país, el presidente de Brasil, Michel Temer, puso a disposición del estado de Roraima "todos los medios federales" para "auxiliar" en las labores de seguridad.
Con 622.000 presos -un 67,3% más de su capacidad- Brasil tiene la cuarta mayor población penal del mundo, por detrás de Estados Unidos, China y Rusia. Para contener el colapso carcelario, el Gobierno presentó este jueves un Plan Nacional de Seguridad Pública, que fue detallado hoy por el ministro de Justicia y que comenzará a aplicarse a partir de febrero.
El programa se fundamenta en tres pilares: reducir los homicidios, combatir el crimen organizado -con especial énfasis en la vigilancia en la región fronteriza- y modernizar el sistema penitenciario, que sufre graves problemas de hacinamiento.
Dentro de la iniciativa, De Moraes anunció la creación de una base de datos digital con informaciones sobre el número de presos que hay en cada cárcel y por qué fueron condenados cada uno, así como un banco de ADN y de huellas digitales, que estará al alcance de todas las autoridades.
"La solución no sólo es construir presidios. No adelanta nada construir presidios si no hay equipamientos de seguridad", consideró De Moraes, quien añadió que también está prevista la puesta en marcha de un grupo especial que recorrerá todas las cárceles del país con el objetivo de agilizar los procesos de aquellos internos que estén presos temporalmente.
De acuerdo con datos de Human Right Watch, la población carcelaria creció un 85 % entre 2004 y 2014 y el 40% de los presos está a la espera de juicio, pero convive junto a reos ya condenados.
En medio del caos, el Colegio de Abogados de Brasil anunció que presentará una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) contra los estados en los que se han producido recientemente masacres carcelarias.
